La ONU se declaró "horrorizada" por el incendio en un centro de reclusión en Venezuela que dejó 68 muertos y pidió respeto para las familias de las víctimas, tras recibir información de que se usó gas lacrimógeno para dispersar sus protestas. EFE
"Nos preocupan las informaciones de que las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los familiares que se habían reunido frente al centro de reclusión" de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país, indicó en un comunicado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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El único objetivo de esas personas era pedir información sobre sus seres queridos, agregó la entidad de derechos humanos. Pidió a las autoridades que se respete el derecho de esas familias a obtener información correcta sobre lo ocurrido.
La Oficina de Derechos Humanos recordó que el incendio tuvo lugar cuando, según varias informaciones, se registraba un enfrentamiento entre detenidos y las fuerzas que vigilaban el recinto carcelario.
"Pedimos a las autoridades venezolanas que realicen una investigación completa, rápida y efectiva para determinar las causas de esas muertes, ofrecer reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando sea aplicable, se castigue a los que puedan haber sido responsables", indicó.
La entidad de la ONU sostuvo que el hacinamiento generalizado en las prisiones de Venezuela, así como el hecho de que celdas en instalaciones policiales previstas para detenciones de corto plazo terminen siendo usadas como centros permanentes de detención, son condiciones que generan violencia.
Ello se agrava por los retrasos judiciales y el uso abusivo de la detención preventiva. "Los Estados son garantes de las vidas y de la integridad física de las personas privadas de su libertad. Pedimos al Gobierno de Venezuela que adopte medidas inmediatas para mejorar las condiciones de detención y que éstas respeten los estándares internacionales de los derechos humanos", indicó.
Agregó que ello incluye la prohibición total de torturas o maltratos equivalentes. En medio de esta situación, la ONU pidió a Venezuela ratifique el protocol opcional de la Convención contra la Tortura de modo que haya una supervision independiente de las prisiones por parte de una instancia internacional.
