La ONU instó a Uruguay a reformar su ley de salud mental, conocida como "ley del psicópata" y que data de 1936, dado que, entre otras cosas, le preocupa su vigencia porque "estipula la privación de la libertad de personas" con base en la "presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial".
El Comité de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU evaluó el informe presentado por Uruguay en Ginebra a mediados de agosto acerca de cómo está implementando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La respuesta del organismo internacional se concretó en un informe de 11 páginas con fecha del 31 de agosto y al cual tuvo acceso Efe, en el que se hacen observaciones y recomendaciones que atañen a diversos aspectos vinculados a la discapacidad.
Entre ellos, la necesidad de crear una institución específica relacionada con la discapacidad -en lugar de un programa vinculado al Ministerio de Desarrollo, como actualmente- hasta mejoras para favorecer el acceso al empleo de ese sector poblacional y también el establecimiento de un "una hoja de ruta para una transición hacia la educación inclusiva de calidad", entre otros muchos aspectos.
Pero sin lugar a dudas, en el tema que más ha incidido la ONU en su evaluación ha sido en la atención sanitaria relacionada a los trastornos y enfermedades mentales, un viejo reclamo por parte de varias organizaciones sociales de Uruguay.
Al Comité de la ONU "le preocupa la vigencia en el ordenamiento jurídico uruguayo de normas como la Ley 9.581 de 1936 sobre salud mental, que estipula la privación de la libertad de personas con discapacidad con base en la presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial", dice el informe.
"Preocupa también al Comité que las personas declaradas inimputables en la comisión de un delito en razón de una deficiencia puedan ser objeto de medidas de seguridad, incluida la detención indefinida", continúa el texto, que además expresa la "inquietud por la situación de las personas con discapacidad privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de detención".
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Por ello, la ONU insta a Uruguay a que "revise y reforme" su norma sobre salud mental y su Código Penal a fin de armonizar su legislación con la Convención y para proteger las garantías de las personas con discapacidad -especialmente psicosocial o intelectual- proporcionando los apoyos que requieran en los procesos judiciales.
Por otro lado, el Comité también insta a Uruguay a que "prohíba la institucionalización forzada por motivo de la discapacidad (psiquiátrica) y adopte medidas para abolir la práctica de internamiento u hospitalización no consentido".
Además, le preocupa "que no se destinen suficientes recursos para la prevención y el monitoreo de casos de tortura u otros tratamientos considerados crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros donde se encuentran personas con discapacidad (en general) privadas de la libertad".
Cabe destacar que el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley de salud mental al Parlamento que propone "un cambio en el modelo de atención a las personas con trastornos mentales".
Sobre esa propuesta legislativa, el director de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Horacio Porciúncula, dijo a Efe que la expectativa es que "antes de fin de año esté aprobada" en el Parlamento.
Preguntado acerca de la reglamentación de la misma -un aspecto necesario para que la norma sea aplicable en su totalidad- Porciúncula prevé que la misma podrían estar lista a finales del primer semestre de 2017, si bien subrayó que algunos puntos del nuevo marco jurídico podrían ser aplicados sin la reglamentación.
Uno de los reclamos de las organizaciones sociales uruguayas que abogan por la reforma de la "ley del psicópata" es la realización de un cronograma de cierre de los centros psiquiátricos.
A ello se suma la petición del desarrollo de una estrategia de atención primaria interdisciplinar en salud mental donde los ‘manicomios’ dejen de ser la opción preponderante -debido también al cuestionable estado de muchos de ellos-, un camino que, según Porciúncula, Uruguay ya ha iniciado.
"El Comité pide al Estado parte (Uruguay) que presente sus informes segundo, tercero y cuarto combinados a más tardar el 11 de mayo de 2023 y que incluya en él información sobre la aplicación de las presentes observaciones finales", dice en su último apartado el informe de la ONU.
Con información de EFE
