El intento del Poder Ejecutivo por mejorar el control de piquetes espontáneos y manifestaciones que corten la libre circulación de las calles y rutas puso al gobierno en una delicada situación y bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que consideró que el decreto es "vago", "ambiguo" y "un riesgo para el país". "Estamos en una etapa de estudio de la situación", dijo a El Observador el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza.
A cuatro días de que el decreto entrara en vigencia, defensores de los derechos humanos y distintos organismos de la sociedad civil -como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Servicio de paz y justicia (Serpaj)- manifestaron a la CIDH su preocupación ante la nueva normativa.
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"En definitiva ya hay organizaciones que están poniendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al tanto de esta situación y nosotros tenemos mandato de observar y llamar la atención sobre esta situación", expresó Lanza.
El decreto causó sorpresa en el organismo internacional ya que, según explicó el funcionario, el mismo no toma en cuenta muchas de las obligaciones internacionales que Uruguay tiene en materia de derechos humanos. Como primer punto, Lanza señaló que el decreto regula libertades fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. Sin embargo, a nivel del derecho internacional está establecido que este tipo de regulaciones deben hacerse por ley y no por decreto por lo que "hay una cuestión de forma que ya es problemática".
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Por otra parte, el relator explicó que el decreto apela a normas de la década del 80 y 90 pero ignora todo otro tipo de normativa e información actual –como la Carta Democrática de la OEA- que, entre otros aspectos, "establecen la libertad de expresión y derechos de reunión como fundamentales para la democracia".
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