El principal partido de oposición salvadoreño urgió hoy al Gobierno y el Congreso a crear una comisión de "alto nivel" sobre los efectos de la nulidad de la Ley de Amnistía, promulgada tras la guerra civil (1980-1992), y otras sentencias de la Sala de lo Constitucional.
La noche del miércoles, la sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, la emisión de 900 millones de dólares en bonos y desconoció cualquier autoridad de legislar de los 84 diputados suplentes.
La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) manifestó, a través de un comunicado, que "somos respetuosos de la Constitución y el estado de derecho, por lo que estamos claros que las resoluciones emitidas son de estricto cumplimiento".
ARENA remarcó que las resoluciones suponen "nuevos retos" y "desafíos" a la "democracia en El Salvador como "mantener el proceso de reconciliación, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la misma".
"Hacemos también un llamado de carácter urgente a los presidentes de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa y al presidente del Órgano Ejecutivo para que se conforme una comisión de alto nivel, que evalúe el futuro del país", consigna la misiva.
Según un comunicado de la CSJ, la decisión del Constitucional de anular la amnistía se basa en que "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".
Entre los casos que podrían ser reabiertos o investigados por la nulidad de la Amnistía están el de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989), la masacre de más de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia Católica.
Estos crímenes son atribuidos al Ejército salvadoreño, pero la sentencia señala que las violaciones a derechos humanos atribuidas a la guerrilla tampoco gozan de amnistía.
Por otra parte, el tribunal anuló una emisión de 900 millones de dólares en bonos porque no se justificó "el llamamiento de los diputados suplentes y porque el decreto fue aprobado por personas que no han sido electas por el pueblo".
"Las personas consideradas como diputados suplentes, declaradas como tales por el TSE (Tribunal Supremo Electoral), no podrán continuar supliendo a los diputados propietarios, por carecer de legitimación democrática popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del electorado", sentenció la sala.
Añadió que "en consecuencia, la actual legislatura solo podrá integrarse y funcionar con sus diputados propietarios".
En El Salvador el Congreso está constituido por 84 diputados propietarios e igual número de suplentes, pero en las elecciones solo se vota por los titulares.
La declaración de ARENA surge dos días después de que estas resoluciones fueron emitidas por el Constitucional, mientras que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, otrora comandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no ha dado su posición.
EFE
