La oposición parlamentaria en Argentina expresó hoy su rechazo a un decreto del presidente Mauricio Macri por el que se incluyó a los familiares de funcionarios públicos en una ley de amnistía fiscal.
El Frente Renovador, el Frente para la Victoria y otros bloques opositores impusieron hoy su mayoría en la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Parlamento para sacar adelante un dictamen de rechazo al decreto presidencial.
El tratamiento de este asunto en la comisión fue eje de polémica entre los parlamentarios, ya que mientras la oposición considera la medida presidencial como una "decreto de necesidad y urgencia", para el oficialismo es solo un decreto reglamentario y, por tanto, no puede quedar bajo análisis de esta comisión.
"La bicameral analiza decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos reglamentarios están excluidos del análisis de esta comisión", planteó en la reunión de comisión Luis Naidenoff, del gobernante frente Cambiemos.
Sin embargo, para el senador opositor Juan Mario Pais, el decreto de Macri no "reglamenta nada", sino que modifica uno de los artículos de la denominada ley de "blanqueo" de capitales, aprobada este año por el Parlamento por el impulso del oficialismo.
La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuán admitió una denuncia penal presentada por la legisladora de la agrupación izquierdista Libres del Sur Victoria Donda, quien acusó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de abuso de autoridad y de excederse en sus funciones como funcionarios públicos a raíz de la firma del decreto.
La ley para la creación del Régimen de Sinceramiento Fiscal fue propuesta en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento en junio con el fin de recuperar al menos 20.000 millones de dólares no declarados.
Con esos fondos, el Ejecutivo quiere pagar una reforma del sistema de jubilaciones.
El artículo 83 de la ley excluía del plan a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, y así fue aprobada la normativa tras un intenso debate parlamentario.
Pero el 30 de noviembre, un decreto del Ejecutivo agregó que esas personas "podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos".
Con información de: EFE
