Un video en la cuenta de Facebook del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) obligó a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a acelerar el paso. El pasado lunes por la noche, el jefe del Estado anunció en la red social cinco acciones que su gobierno tomará de inmediato para enfrentar la corrupción y evitar nuevos escándalos como el del médico Carlos Moreno. Una de ellas será la muerte civil para los sentenciados por delitos de corrupción.
Tras su exposición del pasado viernes en el Foro Perú OCDE 2016, Pérez Tello había dicho a El Comercio que antes de emitir un decreto legislativo sobre la muerte civil, ella prefería tomarse más tiempo para establecer claramente las líneas de base de la norma; es decir, los detalles que evitarán que esta tenga vacíos que impidan su aplicación.
Pero tras el anuncio de PPK la ministra deberá ir más rápido. “Hemos trabajado todo el fin de semana, desde el viernes, y hoy [ayer] vamos a darle la última revisión. El proyecto estará mañana [hoy] en la reunión del Consejo de Ministros de todas formas. Yo hubiera querido tomar un plazo, pero de todos modos lo podemos trabajar tal como está”, dijo la ministra a este Diario ayer al mediodía.
La muerte civil, también conocida como inhabilitación perpetua, establece que todo aquel sentenciado por delitos de corrupción no vuelva a ejercer funciones en el sector público nunca más. Esta no se aplica para cargos de elección popular.
El constitucionalista Víctor García Toma cree que la norma no debe ser rígida y que necesita ciertas limitaciones. “La medida debe cumplir tres principios: ser racional, razonable y proporcional; o sea, que su fin tenga correspondencia con el sacrificio que se hará para aplicarla”, explicó el ex integrante del Tribunal Constitucional.
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Para ello –adelantó Pérez Tello–, el proyecto precisará que la muerte civil será aplicable solo en casos en los que haya agravantes, bajo circunstancias especiales.
El secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, opinó que la inhabilitación perpetua es una decisión correcta del Gobierno.
“El sentenciado por corrupción puede buscar empleo en el sector privado. No lo estás condenado a no hacer nada más por el resto de su vida. El Estado tiene el derecho de protegerse y no se afectan los derechos humanos”, destacó en diálogo con este Diario.
Las sanciones de este tipo no son nuevas en la legislación peruana. Por ejemplo, ningún abogado que haya sido condenado en el pasado puede aspirar a ser juez. Del mismo modo, un sentenciado por terrorismo está inhabilitado para ejercer la docencia nuevamente.
La propuesta del Ejecutivo ha recibido el respaldo de todas las bancadas de oposición: Fuerza Popular, el Frente Amplio, el Apra, Acción Popular y Alianza para el Progreso.
“No veo ninguna objeción, pero este es solo un paso de 20 que deben dar. Esperemos que haya más [medidas contra la corrupción]”, indicó Luis Galarreta, vocero del fujimorismo.
Asimismo, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acuña, dijo que su partido respaldará cualquier acción del Ejecutivo para enfrentar la corrupción. “Los corruptos no pueden estar en la gestión pública. Cuando estos proyectos lleguen, seremos los primeros en apoyarlos”, afirmó.
En Acción Popular hay una postura similar. El portavoz Yonhy Lescano sostuvo que “ningún delincuente puede volver al Estado a trabajar”. Añadió que debe eliminarse la presencia de asesores presidenciales ad honórem para evitar casos como el de Moreno.
En tanto, la vocera del Frente Amplio, Marisa Glave, escribió en Twitter que su agrupación apoyará la muerte civil. “La única manera d impedir q malos funcionarios se reciclen es aprobando la ‘muerte civil’. No era necesario esperar escándalos para promoverlo”, remarcó.
Finalmente, el vocero aprista Javier Velásquez Quesquén expresó: “Vamos a apoyar. El Estado tiene derecho a protegerse”.
Proyecto paralelo
Pérez Tello informó que en los próximos días presentará al Parlamento un proyecto de ley con el fin de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.
Esta iniciativa no puede emitirse mediante decreto, pues requiere de una modificación constitucional previa a su aprobación.
La sensación respecto a esta medida es positiva en el Congreso. Galarreta se mostró a favor de una iniciativa de ese tipo.
Para aprobar una modificación de la Carta Magna se requieren 87 votos en dos legislaturas. Una vez más la postura de Fuerza Popular –mayoría con 72 de los 130 años– es clave.
Con información de El Comercio
