El dirigente opositor boliviano Samuel Doria Medina sostuvo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que no guarda resentimiento ni odio contra nadie por el juicio que afronta por supuestos delitos económicos cometidos hace 25 años.
"De mi parte no tengo resentimiento contra nadie, ni siquiera contra los fiscales que hoy son mis verdugos en un juicio político, en un juicio injusto", afirmó Doria Medina esta tarde ante la Sala Penal del TSJ, que volvió a aplazar la decisión sobre si el opositor debe ser detenido o no.
El también empresario sostuvo que no siente "ni un ápice de odio" y que en su corazón solo tiene "firmeza y esperanza para afrontar adecuadamente estos desafíos".
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La audiencia, que se celebra en la ciudad de Sucre (sureste) y ha sido pausada en varias ocasiones desde noviembre, se reanudará este sábado a las 18.00 hora local (22.00 GMT).
La justicia evalúa una supuesta transferencia irregular de 21 millones de dólares del Estado a una fundación privada en 1992, cuando Doria Medina fue ministro de Planeamiento y Coordinación.
El Ministerio Público pidió el martes la detención preventiva de Doria Medina alegando "peligros procesales" como el riesgo de fuga.
La Fiscalía y el Gobierno boliviano acusan a ocho exfuncionarios -después de que dos más fueron apartados por su avanzada edad y delicado estado de salud- de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Los cargos están relacionados con una supuesta autorización irregular para crear la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió los recursos a Fundapro, una entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.
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Doria Medina ratificó que la transferencia fue un préstamo a Fundapro que se devolvió íntegramente y era un requisito de Estados Unidos para condonar a Bolivia una deuda de 361 millones de dólares.
Sostuvo que más allá del "perjuicio al que someten a una persona y a su familia", con este proceso se afecta a la "credibilidad" de las instituciones "con ganancias a corto plazo, pero con costos a un largo plazo".
"Nadie se animará a tomar decisiones difíciles en un momento en que la economía del país lo requiera ante el temor de que aquí a 25 años tenga que ir a los estrados judiciales por ello", afirmó.
Las autoridades bolivianas han rechazado la acusación de persecución política que alega el líder opositor y han defendido que se trata de un delito que no puede quedar en la impunidad.
Con información de EFE
