Este martes un juez peruano resolvió la situación legal de Luis Nava, ex secretario de la Presidencia del fallecido presidente, Alan García y Miguel Atala, testaferro del ex gobernante, quienes están vinculados al caso Odebrecht en Perú.
Por Redacción El Político
El juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, ordenó prisión preventiva durante 36 meses para Luis Nava y arresto domiciliario por el mismo período para Miguel Atala.
La fiscalía imputa a Nava los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, mientras que a Atala, lavado de activos. En ambos casos, también se les indica como miembros de una presunta organización criminal.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Caso Lava Jato, y la defensa de Atala, ex vicepresidente de la petrolera estatal Petroperú, aceptaron la decisión del juez. El empresario fue beneficiado por confesar ante la Fiscalía por el 26 y 29 de abril, que fungió como testaferro de Alan García.
Por su parte, la defensa de Nava manifestó su disconformidad y anunció que apelará.
Tras la colaboración de Atala con la justicia peruana ha sido amenazado por adeptos del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideraba García.
De acuerdo a las actas leídas en la audiencia, confesó que se hizo apoderado de la empresa en Andorra Ammarin Investment para recibir 1.3 millones de dólares de Odebrecht entre 2007 y 2009. Dinero que García aseguró era suyo y le pidió que se lo fuese entregando progresivamente.
Por lo que en reiteradas ocasiones se citaron en el Palacio de Gobierno, sus domicilios en los distritos limeños de Surco y Miraflores y en un instituto que dirigía el presidente en una universidad privada.
Se espera que la audiencia se reanude este miércoles, para continuar con la evaluación de los casos de otros investigados.
El dos veces gobernante de Perú, Alan García, se suicidó el pasado 17 de abril cuando iba a ser detenido por hechos de corrupción, puesto que era investigado por el fiscal Pérez por su presunta implicación en los sobornos que entregó Odebrecht. por los contratos para la construcción del metro de Lima.
Con información de El Comercio
