La ley SB 1718, promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entró en vigencia este sábado 1 de julio y ya organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos anunciaron que introducirán una demanda federal contra Desantis y su severa ley migratoria.
El Político
Organizaciones como el Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council aseguraron que la ley es "discriminatoria contra los inmigrantes" y "representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado".
¿Por qué es importante?
La ley calificada como la más dura en materia migratoria mantiene angustiados a los migrantes por las fuertes sanciones que establece, no solo en el ámbito económico sino penal.
Las organizaciones de derechos civiles y grupos de migrantes han expresado su contundente rechazo.
En este sentido, la demanda de estas organizaciones cobra especial importancia para la comunidad migrante que trata de frenar esta ley draconiana.
La acción judicial se presentará contra DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes.
"La demanda se centrará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin una inspección federal", dice el comunicado emitido por las organizaciones.
Contexto
El 2 de mayo, la legislatura estatal aprobó la ley y, una semana después, el gobernador Ron Desantis la firmó.
La ley no solo castiga a los empleados, sino también a los familiares o amigos de los migrantes que ofrezcan ayuda. Otro de los puntos cuestionados, es que se exige a los centros de salud preguntar a los pacientes por su estatus migratorio.
Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la nueva ley en Florida es una estrategia política de DeSantis para su candidatura presidencial de 2024, anunciada a finales de mayo.
En conclusión
Las organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el efecto que tendrá esta ley. Aseguran que “erosionará la seguridad pública y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y haciéndolas propicias para la explotación. Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos”, aseguró Paul R. Chavez, abogado del Southern Poverty Law Center.
