La cruzada de Elon Musk para democratizar Twitter, la red social rebautizada por él mismo con el nombre de X, sigue encontrando resistencia.
El Político
Durante este viernes, la Organización del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) acusó al surafricano y a su plataforma de amplificar, en al menos 60%, la visibilidad de mensajes relacionados con el Gobierno ruso o sus dependencias.
Para llegar a esa conclusión, el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN analizó 11 cuentas vinculadas al Kremlin. Entre ellas, la alianza citó, por ejemplo, al perfil en inglés del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
Los expertos de la Organización aseguraron que, desde marzo de este año, las vistas por tuit de la cuenta de esa oficina se elevaron 67%.
El incremento, sin embargo, se encuentra asociado a las decisiones tomadas por Elon Musk para garantizar, a los usuarios de X, un acceso equitativo a perfiles de gobiernos y medios occidentales, pero también a los del Ejecutivo ruso y de las agencias de información vinculadas a Moscú.
Restricciones a las etiquetas: entre idas y vueltas
En agosto de 2020, Twitter anunció un cambio en su política sobre etiquetado de cuentas gubernamentales y medios estatales. A partir de ese momento, identificó a ministerios, agencias, oficinas o a sus voceros con un aviso en sus perfiles.
La medida excluyó, no obstante, a cuentas como la perteneciente a la BBC de Londres. Pese a ser una transnacional de noticias que recibe financiamiento de Reino Unido, Twitter consideró que se trataba de una institución que contaba con total independencia editorial.
Casi tres años después, en abril de este 2023, Elon Musk le dio un vuelco a esa norma. No sólo ordenó etiquetar a la BBC, sino que hizo lo mismo con otros medios estatales como RTVE de España.
La idea del surafricano era la de equilibrar las cargas, pues, desde 2020, cadenas como Russian Today (RT) y Sputnik (ambas relacionadas con el Gobierno ruso) aparecían etiquetadas.
Poco después, Musk dio otro giro. En ese momento, su red social dejó de identificar a cuentas de medios o de oficinas gubernamentales como entes afiliados a algún Estado en particular.
