La ley de inmigración de Florida auspiciada por el gobernador Ron DeSantis recibió una nueva demanda esta vez por parte de cinco organizaciones que agrupan a casi 12.000 trabajadores agrícolas, tanto documentados como indocumentados.
El Político
American Immigration Council, Americans for Immigrant Justice, Southern Poverty Law Center y la ACLU Foundation of Florida, en nombre de Farmworkers Association of Florida, son las organizaciones que presentaron la querella en un tribunal federal de Miami.
Alegatos de la demanda contra la ley
Todas argumentan que la nueva ley de inmigración de Florida "inflige un enorme daño a la capacidad de las personas para seguir con su vida cotidiana".
La demanda apunta a las políticas de inmigración de amplio alcance promulgadas por Florida a principios de este año a instancias de DeSantis.
Al impugnar la nueva ley, los grupos tratan de impedir que el estado la aplique alegando que podría obstaculizar a las autoridades federales de inmigración y dar lugar a "detenciones ilegales, persecución y acoso."
Problemas para miles de familias en Florida
Según los demandantes la ley "pone a miles de floridanos y residentes de otros estados -tanto ciudadanos como no ciudadanos- en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados de delitos graves por transportar a Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida".
"Es posible que las familias no puedan visitarse a través de las fronteras estatales. Los padres que viven cerca de la frontera estatal pueden ser incapaces de llevar a sus hijos a citas médicas o partidos de fútbol", alegan.
La recien promulgada ley permite a las autoridades acusar a alguien de tráfico de seres humanos si transporta a sabiendas a un inmigrante indocumentado a través de las fronteras estatales.
Además, prohibiría a un inmigrante indocumentado conducir un coche aunque tenga permiso de conducir de otro estado y obliga a los hospitales estatales que reciben Medicaid a preguntar a los pacientes por su situación migratoria.
"Ley inconstitucional"
Los grupos sostienen que la ley de Florida debería considerarse inconstitucional por ir "mucho más allá" de las políticas federales de inmigración y "penalizar una amplia gama de conductas que el Congreso decidió no prohibir".
"Obstaculiza el plan federal de inmigración al impedir que los inmigrantes entren en Florida", alega la demanda.
Además, "pone a los funcionarios estatales en la posición ilegal de tomar determinaciones complejas sobre el estado migratorio y el historial de las personas".
Demandantes anónimos
La demanda también cuenta con otros nueve signatarios anónimos, entre ellos uno que es ciudadano estadounidense y ejerce como director de una organización sin ánimo de lucro con sede en el sur de Georgia.
Esta demandante, por ejemplo, transporta a inmigrantes de diversos estatus a Jacksonville, Florida para que vean a especialistas médicos, a través de las fronteras estatales. Pero ahora teme posibles cargos de delito grave "por realizar un aspecto clave de su trabajo, y por hacer lo que ella cree que es moralmente justo", según la demanda.
La ley también incluía 12 millones de dólares para que Florida transportara a migrantes de fuera del estado a bastiones demócratas, una política controvertida desplegada por DeSantis y otros líderes como el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.
Con información de Politico.
