El compromiso de Panamá con la lucha contra el cambio climático parece contundente con su ratificación del Acuerdo de París y su propuesta de albergar un centro mundial para la reducción de emisiones, pero una brecha separa a esta política exterior del trato que recibe el territorio panameño.
Por un lado se firman convenios y por el otro se aprueba la expansión de termoeléctricas. Se siembran miles de hectáreas en una alianza público privada, pero no se combate oportunamente la tala de otras 11.000 cada año, lamenta desde el Colectivo Voces Ecológicas el activista Olmedo Carrasquilla.
Panamá pertenece al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) y logró que en la Cumbre de París se le concediera ser anfitrión del Centro Internacional para la Implementación de esta estrategia, mientras a pocos kilómetros de la sede de Gobierno el fastuoso crecimiento de la capital acaba con los humedales.
"Los Estados llegan a acuerdos internacionales para presentar una imagen a los organismos multilaterales financieros que supuestamente se preocupan, pero la realidad es que la mayoría de los Gobiernos responden a intereses económicos que los desvinculan de esos compromisos, y Panamá no escapa de eso", aseguró a Efe el ambientalista y planificador urbano panameño Gerónimo Espitia.
En Panamá, un país con bosques tropicales en el 60 % de su territorio, muchas actividades económicas se desarrollan en zonas colindantes a las áreas protegidas, o en algunas que merecen atención especial pero no la tienen.
Pero los ecosistemas protegidos no pueden sobrevivir aislados, porque "el territorio es como el cuerpo humano, está interconectado", recuerda Espitia, miembro de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, que forma parte de la Alianza Estratégica Nacional.
El activista pone como ejemplo que a pocos kilómetros al este de la capital el Ministerio de Ambiente "ha escondido su cabeza" ante la deforestación de parte del humedal de Juan Díaz, vecino del humedal de la Bahía de Panamá, que tiene la denominación internacional de sitio Ramsar y es refugio cada año para 2 millones de aves migratorias.
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Aunque solo se debía permitir la construcción de viviendas de baja densidad en esa zona periférica, se han aprobado grandes torres e incluso se ha rellenado el área inundable del río Juan Díaz por la demanda inmobiliaria, ante la oposición de las organizaciones ambientales.
A principios de siglo, la secretaría de la convención Ramsar ya alertaba de que el crecimiento de las áreas urbanas era una presión para la Bahía de Panamá, así como la descarga continua de aguas servidas sin tratamiento.
Un riesgo similar afronta en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, la Laguna de Matusagaratí, afluente de otro sitio Ramsar, Punta Patiño, pero cuya falta de denominación la ha dejado a merced de la agricultura.
A pesar de su comprobada conexión con los recursos de Punta Patiño, ni las autoridades de Ambiente ni la Justicia han respondido a la devastación de esa zona y la contaminación del agua.
El biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental – Panamá, atribuye incompetencias como esta a la "descoordinación" estatal.
"Por un lado, el Ministerio de Ambiente dice que se va a proteger la zona, pero la Autoridad de los Servicios Públicos da permisos; el Ministerio de Obras Públicas concede que se puedan hacer carreteras; la Autoridad del Turismo permite crecimiento turístico que no se sostiene, y por otra parte el Ministerio de Educación construye escuelas", que atraen urbanismos, afirmó a Efe Ramos.
La consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una respuesta necesaria a estas amenazas, indicó a Efe la directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Rita Spadafora.
También contribuirán los subsidios a las actividades sostenibles, la puesta en valor de las zonas protegidas con iniciativas de turismo verde y la preparación e inclusión de las comunidades, fuente principal de toneladas de basura que terminan en las desembocaduras.
Estas políticas son cónsonas con el papel que ha tenido Panamá en los foros internacionales, donde copresidió la Coalición de Países con Bosques Tropicales para incluir REDD+ en el Acuerdo de París.
Uno de los principales retos de este pacto global es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, un compromiso que depende en gran medida de la protección que den a sus bosques países verdes como Panamá.
Hasta el momento, 60 Estados, que suman poco más del 47,5 % de las emisiones se han adherido al acuerdo, entre ellos Panamá, por lo que la ONU espera que pueda entrar en vigor este año, cuando se adhieran, como mínimo, los países que producen el 55 % de las emisiones mundiales.
Con información de EFE
