El abogado panameño Ernesto Cedeño interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra una ley recientemente aprobada en Panamá que permite los acuerdos de pena en los delitos cometidos antes de septiembre de 2016, porque beneficia al delincuente y no se escucha a la víctima previamente.
Antes de admitir como verdadera la confesión de un imputado, "es necesario escuchar a la víctima señalada por el delator para ver cuál es su posición", añadió el experto constitucionalista.
"Es una ley inconstitucional porque beneficia al delincuente y no le da oportunidad a la víctima de ser escuchada en el proceso que puede permitir el archivo de la causa", explicó Cedeño en declaraciones a Efe.
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En su opinión, el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017 "flagela la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que está por encima de cualquier ley nacional y que permite rebajarle la pena al confesor, pero no darle inmunidad".
"Estoy de acuerdo con que se reduzca la pena, pero no con que se exonere de los cargos al delincuente", afirmó Cedeño.
La nueva ley busca, entre otras cosas, introducir la llamada "delación premiada" en el sistema inquisitivo mixto, un procedimiento judicial que se aplica exclusivamente en los delitos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016.
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Para los casos en los que se juzgan delitos cometidos después de esa fecha, se aplica el Sistema Penal Acusatorio (SPA), un sistema procesal penal más transparente y garantista que sí contempla estos acuerdos de pena, vigentes en otros países latinoamericanos.
Los acuerdos de pena "han dado buenos resultados en otros países pero el hecho de que se archive la causa contra el delator es, a mi juicio, inconstitucional", reiteró el abogado.
La iniciativa fue presentada por primera vez en 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero el debate se suspendió hasta que se volvió a retomar en enero de este año, poco después de que EE.UU. reveló que la constructora Odebrecht confesó haber pagado al menos 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios panameños entre 2010 y 2014.
Con información de EFE
