Panamá reafirmó su respeto "absoluto" al ejercicio del periodismo, y la libertad de prensa y de expresión, y rechazó una "resolución" de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que critica al país por un caso judicial en el que se indaga a un periodista de un canal local crítico con el Gobierno.
La Secretaria de Comunicación del Estado declaró en un comunicado que "ha conocido de una resolución de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en México, en la cual se cuestiona al país por razón de un proceso judicial en curso por posibles delitos contra la administración pública".
Destacó que el Gobierno "ha dado muestras concretas de respeto absoluto al ejercicio del periodismo, así como de la libertad de prensa y expresión (…) se adhirió a la Declaración de Chapultepec y ha sido fiel garante de los principios en ella contenidos".
En ese sentido, señaló que el Gobierno rechaza que la SIP "adopte como ciertos los argumentos de partes afectadas por un proceso judicial que nada tiene que ver con decisiones de esta Administración".
"El Gobierno rechaza enfáticamente que se utilice un organismo del nivel y la trayectoria de la SIP para debilitar los esfuerzos de un órgano del Estado panameño por investigar posibles delitos contra el patrimonio del Estado", señala el comunicado.
Un exmiembro de la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros de Panamá (CA), el periodista Fernando Correa, fue conducido hoy al Ministerio Público (MP) para prestar declaración por supuestas irregularidades en la concesión de un préstamo millonario durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
La semana pasada, el MP ordenó la detención preventiva, por este mismo caso, del expresidente del banco público Ricardo Francolini, y de otras cuatro personas implicadas en la trama.
Tanto Correa como Francolini son altos ejecutivos del canal de televisión NexTV, propiedad de Martinelli y muy crítico con la gestión del actual presidente, Juan Carlos Varela.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a la que fue la cúpula directiva de la CA en el Gobierno de Martinelli por supuestamente haber cometido un delito contra la administración pública al haber autorizado un préstamo ventajoso de al menos 10 millones de dólares a un consorcio que iba a construir un centro de convenciones en la capital.
De su lado, el Ejecutivo panameño recordó hoy que la SIP "ha sido históricamente estandarte de la lucha contra la corrupción, y por ello nos sorprende el tenor de dicha resolución".
La resolución de la SIP, según la Secretaría de Comunicación del Estado, "confunde un tema de justicia y rendición de cuentas con los sagrados principios de la libertad de expresión".
Aclaró que "los procesos que adelanta el sistema judicial panameño contra actos de corrupción versan sobre delitos comunes".
"Este Gobierno reitera su compromiso con la libertad de expresión y aporta como prueba los hechos que dan testimonio del pleno ejercicio de libre periodismo, de la crítica y la tolerancia mientras el país lleva adelante una agenda anticorrupción y de fortalecimiento de la transparencia", remarcó el Ejecutivo.
El MP, por su parte, aseguró hoy en un comunicado su compromiso con "la libertad de expresión como mecanismo indispensable para la vida en democracia" y niega que la investigación por el préstamo irregular esté dirigida contra NexTV.
"Es necesario aclarar que dicha investigación no está dirigida a ningún medio de comunicación, ni se relaciona con el ejercicio de la profesión del periodismo o ciencia afín", añadió la Fiscalía.
Con información de: EFE
