Medio centenar de personas, entre ellos varios juristas panameños, pidieron hoy al Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Panamá que revele los nombres de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos de la empresa Odebrecht.
"No puede haber acuerdo sin divulgación de listas de todos los sobornados. Eso tiene que salir a la luz. Recuperemos lo que se han llevado de nuestro país. Los sobornados y los sobornadores tienen que pagar con cárcel", afirmó el abogado Ernesto Cedeño durante una concentración a las puertas de la sede de la Fiscalía.
Cedeño dijo que depositará un manifiesto en el Ministerio Público en el que se indica que aceptar dinero de una empresa "cuestionada" sin que esta se comprometa a revelar las identidades de los sobornados "no es éticamente aceptable", y equivale a pagar "por el silencio perpetuo dentro de un proceso".
La constructora brasileña Odebrecht se comprometió el pasado 12 de enero a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investigan sus sobornos a funcionarios de ese país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un informe difundido en diciembre pasado que Odebrecht desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.
La empresa alcanzó también un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
Los firmantes del documento también pidieron este martes a la fiscal general panameña, Kenia Porcell, más celeridad y contundencia en el proceso, y que investigue no solo las adjudicaciones públicas durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-22014) sino desde que Odebrecht desembarcó en Panamá y firmó su primer contrato.
"El Ministerio Público tiene tiempo de estar enterado, por rumores primero y luego por cosas mucho más ciertas y serias, de irregularidades que estaban ocurriendo en torno a la empresa Odebrecht y a sus altos funcionarios", aseguró por su parte otro de los firmantes, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado.
Una Fiscalía Especial Anticorrupción creada el pasado 28 de diciembre está encargada exclusivamente de los casos de supuesta corrupción que involucran a Odebrecht, que emplea a unas 8.000 personas y ejecuta proyectos que superan los 3.000 millones de dólares en Panamá
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
Con información de EFE
