Liderados por Irma Llano, la delegada de delitos informáticos, expusieron el esquema mafioso que robó información de periodistas y políticos. Las víctimas investigaban el escándalo de sobrefacturación de insumos médicos para contener la pandemia del coronavirus.
El Político
«Estamos ante el esquema de inteligencia ilegal más grande de la República del Paraguay, que en este caso particular atacó directamente la libertad de los principales medios del país», aseguró la fiscal Llano. «Se trató de un esquema mafioso», afirmó.
En lo que ya parece una una serie de Netflix o una película -por sus vinculaciones políticas, espionaje y corrupción en plena pandemia del coronavirus- el equipo compuesto por Llano, los también fiscales Silvana Otazu y Juan Olmedo, con apoyo de la procuradora general Sandra Quiñonez, desmanteló una red que espiaba a decenas de personas.
“Yo estoy comprometida con la libertad de prensa, la libertad de las personas y la lucha contra la corrupción; y asumí el compromiso de investigar y demostrar que ningún ciudadano paraguayo puede promover, fomentar, organizar o investigar, en forma paralela para beneficios ilegales”, agregó.
Todo empezó a finales de marzo cuando el prestigioso periodista Clari Arias denunció que había sufrido un «acceso indebido” a su línea de teléfono celular y a sus aplicaciones de mensajería y redes sociales. Dos días después otro periodista, Jorge Torres, hizo la misma acusación. Y, finalmente se sumó el diputado independiente Carlos Rejala.
«Parecían casos aislados pero a medida que avanzamos en la investigación nos percatamos que un mismo grupo estaba espiando a periodistas y políticos así que nos preguntamos qué tenían en común las víctimas: todas estaban investigando o denunciaban hechos de corrupción y sobrefacturación en el sector farmacéutico, relacionados a la compra que el estado paraguayo debía realizar por la emergencia sanitaria», explicó Llano.
En el curso de la investigación, “que contó con arrepentidos que colaboraron con información sensible”, el equipo de fiscales identificó a dos responsables de la trama.
El primero era Luis Bordón. Setrata de un hacker profesional que fue juzgado por otro escándalo de espionaje conocido como M31″, cuando en plena campaña política en 2018 filtró conversaciones telefónicas de políticos y empresarios vinculados al entonces Gobierno de Horacio Cartes. Bordón estaba en libertad condicional hasta que Llano y su equipo lo arrestaron días atrás. Bordón, explica la fiscal, sería el “profesional” contratado para espiar.
Según descubrieron, la red logró duplicar las SIM cards de dos prestigiosos periodistas y del parlamentario. ¿Cómo lo hicieron? Primero identificaron las líneas, luego realizaron una “minicarga” de manera presencial, y se hicieron de la identidad plena de la víctima. Una vez concretada la suplantación de identidad, solicitaron la reimpresión del chip y una vez obtenida la nueva tarjeta la colocaron en un smartphone desbloqueado y, sin que el verdadero dueño de la línea lo notara, accedieron a toda la información de sus aplicaciones de chat, como Whatsapp.
Las autoridades explican que no fue un sistema de clonación sino que directamente suplantaron los chips, con lo cual pudieron acceder a todas las aplicaciones y a la información sensible que allí se almacenaba.
Bordón, a pedido de Martí, habría robado todos esos datos en tiempo récord. Las víctimas se percataron de lo ocurrido recién cuando no pudieron acceder a su cuenta de WhatsApp, experimentaron problemas para acceder a sus línea telefónica o no lograban cobertura.
“Esto expone la vulnerabilidad de las telefónicas, que deben mejorar la protección de sus clientes porque todos los paraguayos estamos totalmente expuestos”, aseguró la fiscal.
En la trama aparece la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) en el foco público por el posible desvío de millones de dólares que el Congreso de Paraguay autorizó para la importación de mascarillas quirúrgicas, trajes de protección, protectores faciales y oculares, todos para uso del personal médico. Ese mismo caso que las tres víctimas del espionajes investigaban y denunciaban.
Es que la Justicia allanó ayer la sede de Imedic del empresario Justo Ferreira luego de que se conociera en redes sociales una grabación de una cámara de seguridad en la que un hombre de características similares a Martí aparece en sus oficinas. En el operativo, incautaron las filmaciones de seguridad para corroborar si el 30 de abril último Martí efectivamente estuvo allí. Las pericias del material secuestrado comenzará mañana.
Antes del allanamiento, Ferreira negó todo. De hecho, denunció ante la Justicia que a través de una cuenta supuestamente falsa en Twitter se difundieron esas imágenes pero que no son auténticas. “Mi identidad fue suplantada en la cuenta de Twitter @justoferreira7. El usuario de esta cuenta creada en abril del 2020 afirma ser mi persona, utilizando incluso una fotografía mía, para publicar una sarta de falsedades que tienen por claro objeto la intervención del Ministerio Público en una historia construida sobre medias verdades”, alega en su denuncia Ferreira.
La cuenta, que ya fue inhabilitada, funcionó como una especie de “arrepentido” y aprovechó mientras estuvo online para exponer el supuesto modus operandis de las licitaciones fraudulentas.
El esquema que se investiga y, que en parte ya fue desmantelado, salpica al principal partido de oposición paraguayo, que tiene la mayor cantidad de senadores, diputados e intendentes del país, y expone un ataque directo a la libertad de prensa en Paraguay.
“En un Estado de derecho esto no se puede permitir y, desde el Ministerio Público del Paraguay, no lo vamos a permitir”, prometió la fiscal general Quiñonez.
Fuente: Infobae
