El Parlamento de Bolivia aprobó el pasado viernes sin observaciones el informe que presentó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Milton Claros, sobre el accidente del avión de la aerolínea boliviana Lamia en Colombia, en la que murieron los integrantes del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, en noviembre pasado.
Con una votación, la mayoría parlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) aceptó el informe para evitar la reprobación o censura del ministro Claros, pero sin emitir en su favor un "voto de confianza", que era otra posibilidad.
El vicepresidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, dio por cerrada la interpelación, tras casi tres horas de debate.
Los diputados opositores Claudia Mallón y Norman Lazarte expusieron los motivos de la interpelación e hicieron hincapié en la falta de controles previos al vuelo, la ausencia de regulación actualizada de la aviación civil y el daño a la imagen del país.
El vuelo chárter que llevaba a los integrantes del club de fútbol brasileño Chapecoense y se estrelló cerca de Medellín el 28 de noviembre dejando 71 muertos fue operado por la empresa Lamia, un operador boliviano de vuelos no regulares.
"En once años (de Gobierno del MAS) se ha descuidado la aeronáutica civil y no se ha renovado el reglamento", sostuvo la diputada Mallón en su turno de interpelación.
También criticó que la empresa haya sido constituida con 150.000 bolivianos (21.500 dólares) de capital inicial, que calificó como "un capital irrisorio para querer abrir una línea aérea".
Por su parte, Lazarte dijo que los estados financieros de Lamia no fueron presentados para validarse como operador aéreo, cuestionó la competencia de las autoridades de los órganos reguladores, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).
El asambleísta calificó la supervisión del ministerio de Obras Públicas de "completa negligencia e inobservancia a la norma".
Según apuntan las primeras investigaciones, el accidente se debió a que el avión no contaba con el suficiente combustible para hacer frente a eventualidades, como tener que cambiar ruta o posponer el aterrizaje por congestión del aeropuerto de destino, como sucedió.
"No era la primera vez que la empresa operaba vuelos con esa deficiencia de combustible", afirmó Lazarte, que lamentó que "tuviera que suceder algo tan trágico para desvelar el funcionamiento de las instituciones" que supervisan el tráfico aéreo.
En su comparecencia, el ministro Claros hizo varias precisiones técnicas a las preguntas de los diputados opositores y sostuvo que Lamia obtuvo de forma regular el certificado de operaciones, de carácter indefinido, y el permiso de operaciones por cinco años, siguiendo todos los cauces que establece la ley.
En una ponencia que fue acompañada de una presentación para mostrar documentos y apoyar así sus palabras, también sostuvo que la compañía solicitó a tiempo la autorización para la salida al exterior de ese vuelo, con tres días de antelación.
La sesión tuvo momentos tensos cuando García Linera, llamó para que ejercieran su turno de palabra cinco asambleístas que solicitaron la interpelación y no se presentaron a la sesión: Rosa María Sandoval, Fernanda San Martín, Tomás Monasterio, Bernard Gutiérrez y Álvaro Guzmán.
Mientras los opositores le recriminaban a García Linera la insistencia en llamar a diputados a pesar de saber que no se habían presentado a la sesión, él dijo que "es una vergüenza que los diputados interpelantes no estén", y los acusó de "flojos".
Con información de EFE
