La disputa entre la Asamblea Nacional de Venezuela y el Ejecutivo de Nicolás Maduro tendrá un nuevo clímax en los próximos días. La mayoría opositora que controla el Parlamento desde enero ha decidido dejar sin efecto la juramentación de 13 magistrados principales y 21 suplentes nombrados en diciembre de 2015 por la anterior terna que controlaba el chavismo.
La decisión supondrá un nuevo foco de disputas y llega justo cuando las partes están más cerca de citarse cara a cara por primera vez desde 2014, para intentar encontrar una solución consensuada a la generalizada crisis del país. El Parlamento ha tomado la decisión luego de escuchar un informe leído por el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, quien presidió una comisión que estudió la designación de los togados y concluyó, luego de analizar cómo se seleccionaron a los aspirantes.
El discurso de Berrizbeitia recordó las críticas formuladas por la oposición en la gestión pasada no solo sobre la idoneidad de los aspirantes, en su mayoría simpatizantes y exfuncionarios identificados con el chavismo, sino las referencias al desconocimiento de los lapsos establecidos en las normas para la elección de los magistrados. No ha sido nunca Venezuela un modelo de independencia en el Poder Judicial, pero el chavismo, sugirió la reflexión de Berrizbeitia, ha superado el respeto de las formas en su denodado esfuerzo de gobernar conforme a los límites establecidos en la división de los poderes públicos.
El parlamentario solicitó a la plenaria “dejar sin efecto la selección de los Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que culminó en diciembre de 2015”. Y así fue aprobado. Esta decisión implica la inmediata designación de nuevos miembros del Supremo de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y el Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales.
Luego de la derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre el chavismo decidió reforzar el control del Supremo jubilando anticipadamente a varios magistrados o sustituyendo a otros. Todo era parte de una maniobra para evitar las consecuencias políticas de la derrota electoral. A partir de enero cada decisión que afectaba al gobierno adversa fue contestada por el Supremo con una negativa que ha limitado la función contralora de la Asamblea Nacional. El choque de poderes es una gran función continuada.
El diputado chavista Edwin Rojas afirmó en el debate: “estamos presenciando una carmonada”, en una clara alusión a la juramentación del empresario Pedro Carmona Estanga tras el derrocamiento del presidente Hugo Chávez en abril de 2002.
La declaración es apenas la primera reacción de lo que podría venir en los próximos días. De momento el gobierno ha hecho silencio mientras analiza el alcance de la medida y la respuesta que seguramente instruirá a través del propio Supremo, que controla a sus anchas. Todos parecían estar concentrados en la celebración del bicentenario de la muerte del prócer venezolano Francisco de Miranda en una prisión de Cádiz. Una película alegórica a su épica estaba siendo transmitida en cadena nacional.
Con información de El País
