Guatemala cumple este lunes una semana consecutiva de paro, protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presión para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que según el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesión, fijada para enero.
El Político
La respuesta de la sociedad civil comenzó el lunes 2 de octubre con plantones de los pueblos indígenas en sus territorios y en la sede del Ministerio Público (MP), en Ciudad de Guatemala.
Con el paso de los días se activaron grupos de estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos en todo el país en defensa de la democracia y para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.
El pasado viernes por la noche, los piquetes se habían multiplicado y el país estaba paralizado. Porras descarta presentar su renuncia y el Ministerio Público asegura que “se continúa trabajando sin inconveniente”.
Los ciudadanos se han movilizado en “defensa de la democracia” para manifestar su rechazo contra los intentos de dejar sin efecto la victoria electoral del binomio presidencial del Movimiento Semilla. El partido progresista afronta riesgos de cancelación, que raya en lo inconstitucional, según varios juristas. Tanto Arévalo como los dirigentes de la organización temen que la Fiscalía redoble su persecución.
¿Que sucede en Guatemala?
La indignación ciudadana escaló hace una semana tras el secuestro de las actas de las elecciones, celebradas en agosto, en un registro que duró unas 20 horas y que terminó en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Estos se opusieron al secuestro de las papeletas con los resultados ya que, por ley, les corresponde el resguardo de los documentos originales.
El fiscal Rafael Curruchiche, que dirige casos contra periodistas y exoperadores de Justicia exiliados, justificó el secuestro de materiales electorales para avanzar en una nueva investigación. Arévalo calificó la operación como una escalada de “violencia jurídica” que busca “la anulación del resultado electoral y la destrucción del régimen democrático”.
Con una propuesta de rechazo frontal a la corrupción y de reconducción de un país al borde del autoritarismo, Arévalo ganó la elección presidencial con el apoyo de 2,4 millones de ciudadanos, el 58% de los votos válidos emitidos el 20 de agosto. Los candidatos del Movimiento Semilla compitieron en un contexto de judicialización y bloqueo de candidaturas que pretendía favorecer al partido del presidente Alejandro Giammattei y sus aliados.
“Con nuestro voto les arruinamos el plan y por eso quieren robarse las elecciones”, expresó Rolando Canto, uno de los centenares de manifestantes que llegaron al la noche del viernes a la sede del Ministerio Público.
En las calles, se mantiene la demanda por la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, integrantes de su equipo, como Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, que ya no goza de la confianza ciudadana.
Las movilizaciones son el único recurso de la población que no encuentra respuestas ni defensa en el sistema de justicia, señaló Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas que lideran la protesta.
“Ya presentamos memoriales para pedir la renuncia de los funcionarios que no respetan la voluntad popular, otros abogados presentan amparos pero no hay solución real a la crisis”, dijo al final del quinto día de protesta frente al Ministerio Público.
La sociedad civil, incluyendo indígenas, estudiantes, profesionales y organizaciones sociales, se han unido en defensa de la democracia y para exigir el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esta información continua en desarrollo, ya que aún no se le da final a estas protestas en el país.
