El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), coordinado por el expresidente hondureño Manuel Zelaya, dijo hoy que sus diputados no apoyarán un paquete de reformas legislativas enviadas por el Ejecutivo, que ha dicho que buscan adecuar leyes para una lucha efectiva contra la criminalidad.
La iniciativa, enviada a inicios de enero por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, implica reformar, derogar o añadir párrafos de varios artículos del Código Penal contra delitos como el de la extorsión, que ha crecido en el país.
"LIBRE votará en contra de criminalizar la protesta y la legalización de la represión en contra de quienes exigimos cambios", indicó el instituto político que tiene una treintena de diputados en el Parlamento hondureño.
Otras reformas que propone el Ejecutivo se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por los privados de libertad, enfatizó.
LIBRE señala que la iniciativa del presidente Hernández promueve una reforma al artículo 335 del Código Penal para ajustar el tipo penal de terrorismo, de manera que se tipifique así cualquier acto que conlleve a atemorizar o infundir temor en la población.
Sin embargo, el partido de Zelaya considera que esa reforma pretende "la criminalización, el encarcelamiento y la declaración de terrorista a todos aquellos hondureños que protestamos y reclamamos por la violación de nuestras garantías, derechos humanos y sociales".
Señala además que en el país se han aprobado "suficientes reformas y leyes represivas" con "la visión de persecución del gobierno, que, después de aprobarse ilegalmente la reelección presidencial quiere mantener amenazados a todos sus adversarios y encarcelar a quiénes reclamen derechos en el año electoral".
LIBRE, además, condena "la política de seguridad" que impulsa la Administración de Hernández por la "vía de la represión, el orejismo, las intervenciones telefónicas ilegales y la persecución, violentando las libertades públicas y los derechos individuales".
Otras reformas pedidas por el Ejecutivo se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por reos, lo mismo que sobre intervenciones telefónicas de modo que las compañías que los brindan puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.
También pide al Parlamento la derogación de varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal del país, y establecer tres tipos de régimen ordinario para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los presidios.
Se propone, además, crear una Academia Nacional Penitenciaria con el fin de profesionalizar agentes y otros servidores, establecer un proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad para evitar su reincidencia en el delito y reducir el hacinamiento en los centros penales mediante traslados a otras prisiones.
Otras reformas son para impedir que los reos tengan acceso a todo tipo de informaciones y comunicación a través de terceros, entre ellos las visitas, según la iniciativa.
El sistema penitenciario de Honduras está constituido por unas 24 cárceles, en las que en su mayoría impera el hacinamiento.
EFE
