La Comisión Nacional Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) dio entrada a sus dos primeros casos: el presunto desvío de recursos de Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, y una acusación de fraude en contra de Margarita Arellanes, exalcaldesa de Monterrey.
Ambos casos serán investigados de oficio, y no por denuncia expresa hecha por militantes panistas, una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el reglamento interno de dicha comisión a mediados de agosto.
Luis Felipe Bravo Mena, presidente de esta comisión, en entrevista dijo que la entrada en operación de esta instancia, que ya forma parte del organigrama del PAN, mantendrá en esquema de “tolerancia cero” para actos ilícitos cometidos por militantes panistas.
“Se ha terminado el tiempo de la tolerancia y el tiempo de las permisividades. ¡Tolerancia cero! Vamos a actuar, pero vamos a actuar con rigor, con reglamentos, con imparcialidad, con seriedad y con mucho cuidado y prudencia, porque sabemos que está en juego la fama de personas”, enfatizó Bravo Mena.
La comisión abrió sendas investigaciones sobre la actuación de los dos exfuncionarios, las cuales deberá turnar, cuando estén concluidas, a las comisiones de Orden y Justicia del Consejo Nacional, para que, en su caso, se sancione o hasta se expulse del partido a quien así lo amerite.
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“La Comisión Anticorrupción no va a sancionar, porque ése es parte del enfoque sistémico. ¿A quién le toca sancionar? Le toca sancionar a la Comisión Disciplinaria de Orden, que es la que impone las sanciones a los militantes del partido, que pueden ser de diverso tipo: puede ser desde la suspensión temporal de la militancia, y puede ser hasta expulsión”, indicó el exsenador.
Bravo Mena informó que la indagatoria sobre la presunta malversación de recursos y de otros actos ilícitos de Guillermo Padrés y Margarita Arellanes estará sujeta a un proceso riguroso y no se hará una cacería de brujas.
“Tenemos que ser muy rigurosos, muy delicados y, por lo tanto, es importante tener normas, no actuar a capricho, no vamos a actuar por coyuntura, ni habrá cacería de brujas; hemos sido muy claros”, indicó el también exdirigente de Acción Nacional.
A PUNTO DE FENECER
El plazo estatutario para que la Comisión Nacional Anticorrupción investigue a un exfuncionario que sea militante panista vence un año después de que haya concluido su cargo; por lo tanto, la instancia se colocó a escasos cuatro días de no poder investigar las denuncias contra Padrés Elías, quien el próximo 12 de septiembre cumple un año de haber dejado la gubernatura de Sonora.
“Sí, nosotros podemos entrar de oficio, pero tenemos una limitante: el estatuto establece, y ésa es una norma que viene de antes, que para imponer sanciones, no se pueden imponer sanciones si las cosas han ocurrido 365 días antes de que se conoce el asunto, porque si no tendríamos que irnos a la prehistoria, y no acabaríamos. Más bien hay que atender lo urgente”, precisó Bravo Mena.
La investigación sobre el caso de Guillermo Padrés y Margarita Arellanes será realizada por los cinco integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción: Luis Felipe Bravo Mena; el jurista Fauzi Hamdan, los senadores Ernesto Ruffo y Silvia Garza, y la diputada Guadalupe Murguía.
Ante los señalamientos que se les imputa, los militantes panistas acusados tendrán derecho a ser escuchados por los integrantes de la comisión, en un esquema de defensa.
Bravo Mena comentó que la comisión cuenta con una sólida base jurídica, porque “no quisimos que fuera una comisión fugaz, volátil o temporal, sino que quedara incrustada en la arquitectura de la institución”, y destacó que el trabajo cumplirá con todos los requisitos de las investigaciones serias.
El exsenador, exdirigente panista y exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón destacó que con la formalización y solidez jurídica de la Comisión Anticorrupción “el PAN está innovando seriamente en esta materia, ante el reclamo y la indignación en el mismo partido y de la sociedad contra la corrupción”.
Con información de Excelsior
