El recurso contra varios aspectos de la Ley de seguridad ciudadana presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional en 2015 puede servir ahora a los partidos de la oposición como punto de partida para negociar la reforma de la llamada ley mordaza. Las formaciones de izquierdas y nacionalistas aprobaron el martes una moción instando al Gobierno a derogar la norma, pero ahora afrontan la tarea de consensuar y aprobar un texto que la sustituya. Ciudadanos también quiere revisar los puntos recurridos y recuerda que su pacto con el PP recoge esa medida.
Aunque aún no hay contactos formales entre los partidos, Podemos acepta que los puntos recurridos por el PSOE están en el núcleo del problema. ERC, por su parte, se muestra abierta a valorar “cualquier iniciativa” que cambie el texto en vigor. IU, CiU, PNV y los partidos del Grupo Mixto apoyaron en su día con su firma o públicamente el recurso socialista. E incluso Ciudadanos —que se abstuvo en la votación del martes porque se opone a derogar cualquier ley para evitar un vacío legal— está de acuerdo en revisar esos aspectos recurridos y apremiará al PP a que lo haga para cumplir el punto 150 del pacto de investidura que une a ambos partidos.
“Se promoverá una revisión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para mejorar diferentes aspectos de su regulación”, reza el acuerdo.
Cambiar la ley requiere de mayoría absoluta. Para llegar a sumar los 176 votos requeridos, hay distintas opciones. Que los partidos que impulsaron la moción del martes firmen un nuevo texto; que Ciudadanos pacte una reforma con el PSOE y el PP aprovechando que ambos se abrieron a cambiar el texto legal en los acuerdos que firmaron con Albert Rivera en febrero y agosto, respectivamente; que el PP y el PSOE firmen un pacto bilateral; o que se produzca una improbable suma entre PSOE, Podemos y Ciudadanos.
El Gobierno de Rajoy ya ha visto en dos ocasiones que la ley mordaza es capaz de unir en su contra a la mayoría de la oposición, aunque aún tiene herramientas para frenar una reforma en la que no se cuente con su participación. La moción aprobada el martes es, en sí misma, un acto simbólico que no obliga a nada al Ejecutivo.
“Es necesario continuar profundizando en las reformas y es absolutamente imprescindible que nadie plantee ahora la derogación de reformas que han funcionado”, advirtió este miércoles el presidente. El acuerdo de Rajoy con Rivera puede inclinar al partido del Gobierno hacia el cambio en esta ley, aunque el pacto de investidura no recoge ningún calendario de ejecución en este aspecto y además la redacción de ese punto es poco concreta. Por eso hasta los dos socios necesitarían una referencia para hablar. Ciudadanos señala como objetivo prioritario cambiar “los preceptos recurridos que siembran dudas sobre la constitucionalidad de la ley y su carácter democrático por la posible extralimitación de facultades de las fuerzas de seguridad”.
Puntos polémicos
¿Y qué es lo que recurrió el PSOE? Que la norma vulnera una docena de artículos de la Constitución.
La reclamación impugna los siguientes artículos: 20.2 (registros personales); 36.2 y 37.1 (castigan como perturbación grave de la seguridad los incidentes en manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas); 36.23 (considera falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos de la Policía); 37.7 (por afectar al derecho de reunión) y la disposición que legaliza por primera vez las llamadas “devoluciones en caliente” en la valla de Ceuta y Melilla.
Con información de: El País
