Los partidos españoles son partidarios de reformar la Constitución de 1978, pero discrepan acerca del alcance de los cambios, en un momento de tenso debate sobre el modelo territorial del Estado, basado en la descentralización de competencias hacia las regiones.
Aprobada en referéndum por los españoles hace hoy 38 años, la Constitución fue resultado de un pacto entre las fuerzas políticas del momento, deseosas de superar sin ruptura casi cuatro décadas de dictadura de Francisco Franco (1939-75).
El texto puso las bases de la transición a una democracia que no fue fácil, acuciada durante años por el terrorismo y por el malestar en los cuarteles de jefes militares que no aceptaban de buen grado el cambio de régimen.
Ahora hay amplia coincidencia en que el texto de 1978 ha quedado superado por los nuevos tiempos y se hace necesario introducir modificaciones.
Algunas son tan obvias como eliminar la preferencia del hombre sobre la mujer a la hora de la sucesión monárquica o reducir el amplio número de cargos públicos aforados que, en caso de ser procesados, sólo lo serían por el Tribunal Supremo.
En cuanto al modelo territorial, basado en la existencia de comunidades autónomas o regiones, está desde hace años sometido a críticas por parte de los nacionalistas y, a este respecto, el principal foco de tensión es el deseo del Gobierno de Cataluña de convocar para septiembre de 2017 una consulta soberanista, ilegal en el actual marco constitucional.
No obstante, algunos partidos desean abordar ese debate y trasladarlo a un proyecto de reforma de la Constitución.
Es el caso de los socialistas – segunda fuerza en el Congreso -, que plantean ir hacia un modelo federal del Estado que luego sería sometido a referéndum a todos los españoles.
La tercera fuerza de la Cámara, la coalición de izquierdas Unidos Podemos, desea trasladar al nuevo texto el "derecho a decidir" por parte de los ciudadanos de las regiones y pone en cuestión también la Jefatura del Estado, de modo que los españoles elijan si quieren monarquía o república.
Los liberales de Ciudadanos, cuarta fuerza – también quieren abordar "con valentía" la reforma Constitucional, según dijo hoy su líder, Albert Rivera, quien sin embargo advirtió de que no aceptarán "una ruptura" del actual marco que consagre un trato diferenciado a las regiones.
En este contexto, el gobernante PP (centroderecha) se muestra cauto y hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió que antes de abrir el debate se tenga claro qué se quiere cambiar y qué es lo que no hay que tocar.
Antes de participar en el Congreso en el acto de homenaje a la Constitución – al que no acudieron los nacionalistas vascos y catalanes ni los líderes de Unidos Podemos – Rajoy precisó que una Constitución reformada debe garantizar la unidad de España, la igualdad de todos los españoles en derechos y libertades, la pertenencia a Europa y los fundamentos del Estado del bienestar.
El actual Congreso es el más fragmentado en las casi cuatro décadas de la actual etapa democrática española, con unas dificultades para el acuerdo que ya se pusieron de relieve en los diez meses de Gobierno interino, sin competencias plenas, ante la incapacidad de elegir uno por mayoría.
Esa falta de mayorías claras puede también ser una ventaja a la hora de cambiar la Carta Magna de 1978, como ha señalado el actual presidente de la Comisión Constitucional y expresidente del Congreso, Jesús Posada, porque de algún modo retrotrae al escenario de 1978.
Posada (PP) ve factible abordar en esta legislatura la modificación de la Constitución porque ningún grupo cuenta con mayoría absoluta y, al mismo tiempo, existe una mayoría "clara" de dos tercios de la Cámara de partidos que él llama "constitucionalistas".
Es una alusión clara a PP, PSOE y Ciudadanos (252 diputados de 350), que no debe excluir a otras formaciones a la hora de forjar ese nuevo pacto que, según Posada, debe acometerse sin límites previos.
Con información de EFE
