La agenda política se divide desde este domingo entre las actuaciones para evitar las terceras elecciones y las encaminadas a minimizar los efectos de una nueva cita con las urnas. Todo ello a contra reloj, porque el 31 de octubre termina el plazo legal si no hay acuerdo para una investidura. La crisis en el PSOE y la defenestración de Pedro Sánchez han cambiado el escenario, pero queda en el aire si eso acaba con el bloqueo institucional.
Quedan cuatro semanas para que acabe el plazo legal de dos meses desde la investidura fallida de Mariano Rajoy. Si el 31 de octubre no hay presidente del Gobierno se disolverán automáticamente las Cortes y se convocarán las terceras elecciones generales en un año por falta de acuerdo entre los partidos. Con la incertidumbre de ese calendario apretado, hoy se pondrán en marcha acciones políticas para mitigar los efectos de una nueva cita con las urnas y, a la vez, para intentar evitarla. El tiempo para ambas es ajustado.
Como primer paso, el PP presentará este lunes en el registro del Congreso una proposición de ley para que en caso de que haya que repetir elecciones se acorten los plazos legales de tal forma que las generales no sean el 25 de diciembre, sino el 18. La iniciativa ha sido consultada con otros grupos para garantizar una tramitación ultrarrápida que permita su aprobación antes del 31 de octubre. Este mismo martes la proposición será calificada por la Mesa y se enviará al Gobierno para cumplir el trámite de informe.
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La intención es que la semana del 18 se vea en el pleno del Congreso, primero para debate de totalidad y después para el de aprobación de enmiendas si las hubiera. La semana siguiente deberá ir al Senado para su aprobación definitiva en prevención de que no haya acuerdo para una investidura. Esa misma semana, el Parlamento abordará dos iniciativas para mitigar el efecto del bloqueo institucional: la proposición de ley para actualizar la ley de estabilidad para que las comunidades puedan aprobar sus presupuestos y la convalidación del decreto para actualizar el impuesto de sociedades que fue aprobado por el Consejo de Ministros del viernes.
Tanto esta norma como la reforma de la Ley Electoral serán las primeras iniciativas legislativas aprobadas por las Cortes con un Gobierno en funciones. Nunca antes se había culminado un proceso legislativo sin Gobierno. Serán también las primeras leyes aprobadas desde hace más de un año, cuando se convocaron las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Es posible su aprobación porque hay acuerdo entre los cuatro principales partidos —PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos— para sacarlas adelante.
En paralelo, el fin de Pedro Sánchez al frente del PSOE es el único cambio en alguno de los partidos afectados por la búsqueda de un acuerdo de investidura. Y el movimiento se produce en la pieza con mayor capacidad para desbloquear el tablero.
La gestora del PSOE se reúne hoy y tendrá que empezar por abrir una interlocución con el resto de partidos. Si dieran ese paso podría abrirse una puerta para evitar las terceras.
Si Javier Fernández, nueva máxima autoridad del PSOE, considera que es posible un cambio en la posición de su partido deberá convocar un comité federal. El máximo órgano entre congresos del PSOE debería rectificar la resolución unánime que desde diciembre le impide permitir un Gobierno del PP, con o sin Rajoy. En todo caso, esa reunión no se produciría antes del próximo fin de semana, a solo tres semanas del final del plazo. Cabe la opción de que se convoque una consulta a los militantes como defiende, por ejemplo, Francesc Antich, miembro de la gestora socialista. Eso alargaría los plazos al menos una semana más. Si la hipotética rectificación superara esos escollos se estaría ya en la semana del 17 al 23 de octubre, en el supuesto de que todos los plazos se acorten al máximo. Coincidiendo con la aprobación de la reforma para evitar las elecciones en Navidad, los partidos tendrían que notificar al Rey ese acuerdo.
Propuesta del Rey
A partir de ese momento, el jefe del Estado haría una ronda con los partidos para constatar el acuerdo y la aceptación del candidato, probablemente Rajoy de nuevo. Si no lo hubiera, la ronda sería la semana del 24 al 31 para constatar la imposibilidad de la investidura, como hizo en abril.
Si hubiera acuerdo, el Rey propondría a Ana Pastor, presidenta del Congreso, un candidato. El pleno sería convocado y aunque no hay plazo legal, podría celebrarse dos días después, con margen de tres o cuatro días para las dos votaciones. Es decir, si hubiera rectificación del PSOE (basta la abstención de 11 diputados) el debate podría ser hacia el 25, para que el 29 haya Gobierno, ya en el límite legal y con todos los plazos acortados al máximo.
De los miembros de la gestora socialista solo María Jesús Serrano y Ricardo Cortés son diputados. Tendrían que nombrar un portavoz que defendiera la rectificación hacia la abstención. Ningún diputado del PSOE discutió el no a Rajoy en agosto.
Con información de El País
