La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó hoy que actuará para proteger sus activos en Estados Unidos, debido a la solicitud de embargo que hizo la minera canadiense Crystallex ante una corte de EE.UU. por una disputa que arrastran ambas empresas desde hace años.
En un comunicado, la industria petrolera venezolana expresa "su total rechazo ante las pretensiones de Crystallex que tratan de afectar el patrimonio de la Nación".
"Como se sabe, este martes 17 de agosto, Crystallex solicitó permiso a la corte federal en Delaware, en EE.UU., para embargar las acciones de PDVSA en PDV Holding, la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, en un intento de ejecutar un laudo arbitral contra la República", señala la nota oficial.
Pdvsa, a través de Citgo Petroleum, posee tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, y una red de autoservicio de combustible de unas 15.000 gasolineras en toda la nación norteamericana.
En este sentido, Venezuela destaca que su estatal "no fue parte de ese arbitraje y no existe ninguna sentencia contra la empresa nacional petrolera al respecto".
"El intento de ejecutar un laudo contra la República embargando activos de Pdvsa es totalmente improcedente y la corporación tomará todas las acciones legales necesarias para proteger sus activos frente a ese tipo de ataques", prosigue el escrito.
Venezuela agrega que combatirá a las "transnacionales que solo responden a oscuros intereses y pretenden dañar el patrimonio, imagen y reputación de la principal empresa del país".
Crystallex obtuvo en 2002 los permisos de Venezuela para la explotación de la mina de oro "Las Cristinas", una de las más importantes de Latinoamérica.
En 2008, el Gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, negó a la empresa canadiense un permiso medioambiental clave para iniciar sus labores de explotación y, acto seguido, anunció que la mina "Las Cristinas" pasaba a control estatal, aunque en 2012 concedió su explotación a una compañía china.
En respuesta, Crystallex acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial y al que suelen acudir empresas de diferentes partes del mundo para buscar una compensación por la nacionalización de sus propiedades.
El año pasado, la Ciadi falló en contra de Venezuela y determinó que el Gobierno de Nicolás Maduro debía pagar una indemnización de 1.200 millones de dólares a Crystallex, una cifra a la que debían de añadirse 200 millones de intereses, con lo que el monto total ascendía a 1.400 millones de dólares.
El Gobierno de Venezuela recurrió esta decisión y acudió a la Corte del Distrito de Columbia, que en marzo falló en su contra y mantuvo la decisión de la Ciadi.
Venezuela abandonó la Ciadi en julio de 2012 por decisión de Hugo Chávez, quien afirmó que su país no reconocería los fallos de ese tribunal.
Con información de EFE
