Enrique Peña Nieto ha dado un golpe en la mesa para tratar de garantizar la aplicación de su reforma anticorrupción en todo México. El presidente ha ordenado a la Procuraduría General de la República (Fiscalía) que impugne las normativas locales pergeñadas por los Estados de Veracruz y Quintana Roo como medidas inconstitucionales, al tratarse de un asunto de competencia federal que debe legislarse de igual modo en todos los Estados de la República.
El vocero del presidente, Eduardo Sánchez, afirmó esta mañana en una rueda de prensa que "un sistema nacional anticorrupción que permita abatir la corrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho sistema nacional, así como los sistemas estatales, deben ser coherentes".
Las reformas aprobadas por los Congresos de Quintana Roo y Veracruz "no son acordes al sentido de la reforma", añadió el encargado jurídico de la Fiscalía Salvador Sandoval, que con un deje ácido afirmó que el sistema anticorrpución deber frenar los abusos, "no propiciarlos".
Tanto el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como el de Quintana Roo, Roberto Borge, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo de Peña Nieto, están bajo investigación de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos. La reacción del presidente pone freno a una posible estratagema de blindaje de los dirigentes estatales. El vocero Eduardo Sánchez aseveró que no se permitirán legislaciones locales "a modo". "En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones", dijo.
Veracruz y Quintana Roo tendrán que dar un paso atrás y abstenerse de tomar sus propias medidas anticorrupción, como nombrar a funcionarios responsables del área. Hoy mismo después de la rueda de prensa el gobernador Javier Duarte anunció por Twitter que daba marcha atrás: "Exhorto a la Comisión de Procuración de Justicia [del Congreso de Veracruz] a declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción". Borge, por su parte, se defendió argumentando que en Quintana Roo no se ha creado sistema anticorrupción alguno.
Baqueteado por los continuos brotes de violencia, el último la muerte de nueve civiles en un desalojo policial de un corte de carretera de maestros, y con la economía estancada, Peña Nieto, en el cuarto de sus seis años de mandato, necesita fortalecerse enarbolando causas de peso. El presidente, en el ojo del huracán en 2014 por la polémica en torno a la casa de su esposa, construida por una compañía con contratos con el Gobierno, lanzó en 2015 su reforma anticorrupción, que aún está por ejecutarse.
La corrupción, una carcoma sistémica de las instituciones mexicanas, cuesta al país 19.000 millones de dólares al año y es el principal factor de desafección política. Un 93% de los mexicanos encuestados cree que es un problema nuclear de su país, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, y un 61% opina que el Gobierno no ha avanzado en su contención. México es el país más corrupto de los 34 de la OCDE.
Con Información de El País
