Baltasar Garzón Real, polémico jurista español, fue juez y magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012.
El Político
El jurista español nació el 26 de octubre de 1955.
Tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época.
Se trata de crímenes de lesa humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica, reportó Wikipedia.
Candidato independiente a diputado en las listas del PSOE
Se presentó como candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 19935.
Luego, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.
El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.
Asesor del Tribunal Penal Internacional
Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
En 2012 recibió su documento de identidad de residente extranjero en Argentina.
Allí fue coordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Todo ello hasta que renunció al puesto en enero de 2016, tras el fin del mandato de Cristina Kirchner.
En Colombia, asesoró a la Fiscalía General. En Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.14
Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén1516 y por veinte universidades más en el mundo.
Presidente del partido político Actúa
Actualmente es presidente del partido político Actúa.
Aprobó las oposiciones para juez en 1981 y su primer destino fue Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.
Posteriormente fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería.
En 1987 fue nombrado inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial18.
Por su parte, el 29 de enero de 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.
Operaciones contra el narcotráfico
Baltasar Garzón dirigió importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia.
Con la operación Nécora, en 1990, desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña20.
Además, con la operación «Pitón» (1991), detuvo a los integrantes del llamado «clan de los Charlines» que operaba en las costas gallegas.
En relación con la operación «Nécora», , el magistrado declaró que con la legislación vigente en ese momento no se podía luchar eficazmente contra las organizaciones criminales.
Se refirió especialmente a las redes de narcotraficantes.
Posteriormente, se posicionó en una postura crítica hacia el Gobierno y las instituciones, afirmando que en estos aspectos el sistema fallaba "estrepitosamente".
Poco antes, en otros medios y en relación con el mismo caso, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, había declarado que hubiera preferido una sentencia "más dura", y que la intención del ejecutivo a este respecto era "romper el espinazo" a las redes del narcotráfico.
El tribunal sentenciador de la operación «Nécora» dedicó cuarenta folios de la sentencia a analizar las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón.
Lo censuró por haber ejercido «un control formal, pero no de fondo, de los pinchazos hechos por la policía».
El Tribunal Supremo cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el caso.
Así que en 2003 el Tribunal Europeo de DDHH dictaminó que se había producido una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos contra Sito Miñanco en esta causa.
De hecho, la actuación de Garzón en esta operación fue criticada desde diversos ámbitos, ya que, además de no haberse incautado ni un solo gramo de droga, el 90% de los imputados terminó absuelto por falta de pruebas.25
Ricardo Portabales, uno de los "arrepentidos" cuyo testimonio fue clave en la operación para imputar a Oubiña, declaró años después que la operación Nécora "fue un fraude".
Con este, supuestamente, se habría visto obligado a colaborar por presiones de funcionarios adscritos a la investigación que le habrían preparado lo que tenía de declarar.
Caso GAL
Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, Garzón volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, ministro de Interior del PSOE.
Ello en relación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo.
Respecto al secuestro de Segundo Marey, caso por el que se dieron a conocer los GAL,28 Rafael Vera, condenado por el Tribunal Supremo, lo recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de enero de 2010.
En dicha sentencia se afirma que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el magistrado (Garzón)".
Dicho Tribunal no condenó a España, pues otro juez, esta vez Eduardo Moner, del Tribunal Supremo, llevó a cabo una nueva instrucción.
Investigaciones a ETA y su entorno
Garzón ha investigado también a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que se considera su entorno:32
En octubre de 2002, suspendió durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA.
Asimismo ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika y Segi, alegando que forman parte de diversos frentes del entramado de ETA.34
Polémica por su actuación en el caso Sogecable.
En 1997 el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño procesó a los dos máximos directivos del Grupo PRISA Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, junto a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por un presunto delito de apropiación indebida del dinero depositado por los abonados a Canal +.
Denuncia por prevaricación en la instrucción del caso
Al año siguiente Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso, logrando que fuera condenado por dicho delito y apartado de la carrera judicial.
Esta condena por prevaricación a Gómez de Liaño fue celebrada por Felipe González, Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco con una cena en un restaurante de Madrid.
En 2000 Liaño recibió un indulto del gobierno de José María Aznar que le permitió volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años.
Finalmente, en julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordó «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables»
En ese sentido, estimó que el juicio contra este juez diez años antes no había ofrecido la suficiente «apariencia de imparcialidad» y condenó al Estado español al pago de una multa de 5000 euros por «daños morales».
Polémica actuación de Garzón
La actuación de Baltasar Garzón en este caso Sogecable causó polémica, ya que el 3 de septiembre de 1997 dictó un auto en el que se abstenía de resolver la recusación que Juan Luis Cebrián había presentado contra Liaño.
Argumentó que había tenido conocimiento de una trama contra el presidente de PRISA, Polanco, urdida por Gómez de Liaño, el también juez Joaquín Navarro Estevan y el conocido abogado Antonio García Trevijano.
En medio de un gran escándalo, el Tribunal Supremo abrió un sumario para investigar estos hechos y terminar archivándolo poco después.
"Inconsistencia de su denuncia"
«La inconsistencia de su denuncia desembocó en el rápido archivo de la causa, pero el terreno quedó abonado para que prosperara la posterior querella [por prevaricación] de Polanco contra Liaño.
La conducta de Garzón fue interpretada como un intento de aproximarse al grupo Prisa tras los duros ataques de los que había sido objeto por El País con motivo de su papel en los sumarios de los GAL.
Garzón logró su propósito pero gran parte de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional reprobaron duramente su actitud, llegando en algunos casos hasta el extremo de retirarle el saludo».
Orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet
Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles y chilenos durante su mandato.
También por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
Procedimientos en relación con la dictadura militar en Argentina
Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983.
En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.3940
No obstante, sus actuaciones en el caso argentino no están exentas de polémica, ya que informaciones periodísticas posteriores documentaron la negativa de Garzón a investigar aquellas complicidades y responsabilidades en la dictadura argentina llevadas a cabo por funcionarios españoles o personas radicadas en España.
Asimismo, la organización Nuevos Derechos del Hombre, que lidera el dirigente de la Unión Cívica Radical Hipólito Solari Yrigoyen, criticó al gobierno argentino por su designación como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación.
Ello por la decisión de Garzón no extraditar a Argentina ni imputar al ex comisario de la Policía Federal Roberto Almirón, en el marco de la Causa Triple A instruida por el Juez Federal Norberto Oyarbide,43 advirtiendo Yrigoyen que también puso trabas a la extradición de María Estela Martínez de Perón.
Garzón asume la defensa de Álex Saab
Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, contrató en 2020 al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE. UU. que afronta en Cabo Verde.
Garzón ha estado liderando denuncias ante el tribunal internacional de justicia de La Haya por la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional contra Saab, a quien el régimen de Maduro califica como su agente especial en misión humanitaria para conseguir alimentos y medicamentos de cara a la pandemia.
El presunto testaferro de Nicolás Maduro, está siendo procesado por blanqueo de capitales ligado a la corrupción del régimen venezolano.
Pero para Estados Unidos es claro que Saab es la ruta para llegar a las fortunas ocultas de Maduro y de sus alfiles, así como a los movimientos de lingotes de oro y de dólares hacia Turquía, Irán y Rusia.
