La Fiscalía de Perú abrió una investigación contra la fiscal Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, por presuntas infracciones cometidas durante el polémico allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno.
El Político
Las indagaciones fueron abiertas por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía tras una queja presentada por Eduardo Pachas, el abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo.
Al parecer el mandatario no había dado facilidades para la diligencia, reportó LaPatilla.
Según la resolución, los fiscales- pertenecientes a la 1era Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno, el 20 de diciembre último.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 25, 2021
Hábeas Corpus
Asimismo, el abogado de Castillo presentó ante la Justicia un recurso de amparo para que Córdova se abstenga de solicitar cualquier nuevo allanamiento al Palacio de Gobierno al considerar que la magistrada está actuando con parcialidad por sus conocidas opiniones contrarias a Castillo, según informaron medios locales.
Córdova no descartó el viernes en una entrevista a la emisora de radio RPP la posibilidad de solicitar nuevos allanamientos a la sede de la jefatura de Estado y de inhibirse del caso al considerar que su actuación es parcial.
La magistrada, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, negó enfáticamente que sus marcadas opiniones políticas contrarias a Castillo afecten a la investigación.
La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, por haber incurrido en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. pic.twitter.com/ogTbhimV7C
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Investigación al jefe de Estado de Perú
Entre sus argumentos deslizó varias veces que ella no está facultada para investigar directamente al jefe de Estado.
En ese sentido, alegó que esa competencia recae exclusivamente sobre la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, a quien está informando sobre los avances de las diligencias.
Durante la campaña electoral, la fiscal Córdova se posicionó públicamente en contra de la candidatura de Castillo al consignar en su foto de perfil de la red social Facebook el mensaje “no al comunismo”.
“Terrucos y corruptos”
Luego tildó de “comunistas, ‘terrucos’ (terroristas) y corruptos” a quienes acompañaban en el equipo de Gobierno de Castillo.
Y cuando los órganos eletorales declararon ganador de los comicios al candidato izquierdista, lanzó el mensaje “habemus ‘terrucos’” (tenemos terroristas).
Sobre esas publicaciones, Córdova argumentó que corresponden a su vida privada y que no tienen relación con sus funciones como fiscal.
Ella argumenta que esas declaraciones fueron hechas en junio, cuando no tenía ninguna investigación donde el presidente estuviese incluido en calidad de testigo como ahora.
“Es una página de Facebook privada en la cual la Constitución me da el derecho como persona a tener una opinión. Esa publicación fue en el mes de junio", señaló.
A partir de estas indagaciones, se ha solicitado a los mencionados fiscales que presenten un informe de hechos. Asimismo, se ha dispuesto la realización de diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de cuestionamiento.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 25, 2021
Agregó que "el señor presidente salió electo y mis respetos hacia él. Como fiscal provincial no tengo la facultad de investigarlo”, reseñó.
La fiscal Córdova ya era conocida desde 2018 cuando allanó las oficinas del portal periodístico IDL-Reporteros para incautar las grabaciones telefónicas que pusieron al descubierto “Los cuellos blancos del puerto”.
Se trata de una gran trama de corrupción judicial y tráfico de influencias y favores.
En ese caso estaba involucrado presuntamente su esposo César Serrano, quien tenía contacto con el juez supremo César Hinostroza.
Se trata del supuesto cabecilla de la trama, para aparentemente intentar alargar su periodo como vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura.
