La fiscalía de Perú investigará al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias en un caso de ascensos a militares de las Fuerzas Armadas.
El Político
Para ello, la entidad lo citó a declarar el 4 de agosto, reportó DW.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Bruno Pacheco, exasesor de Castillo, y el exiministro de Defensa, Walter Ayala, "habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo", gracias al que junto al presidente se habrían beneficiado económicamente.
Castillo fue citado a declarar ante la fiscalía el 4 de agosto
Debido a estas acusaciones, Castillo fue citado a declarar ante la fiscalía el 4 de agosto.
La citación fue dirigida un día después de que lo haga Pacheco, quien actualmente está prófugo de la justicia peruana, apuntó la emisora RPP.
Investigarán si Castillo cometió el delito de tráfico de influencias
El Ministerio Público investigará si Castillo cometió el delito de tráfico de influencias, con lo que abre un caso similar al que cerró la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos.
Ávalos arguyó que no se podía investigar a un presidente durante su mandato.
De acuerdo con las sospechas de la fiscal de la nación Patricia Benavides, Castillo, Ayala y Pacheco habrían concedido de manera irregular el ascenso a dos miembros del Ejército.
También otros tres del la Fuerza Aérea y dos más de la Policía Nacional, según el diario El Comercio, informó ElComercio.
Promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno
La investigación apunta a que Pacheco habría sido el encargado de organizar las promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno, con el apoyo de Ayala desde el Ministerio de Defensa.
Además, se estima que se habrían producido reuniones en la sede presidencial con coroneles de la Policía Nacional para presionarlos y cometer los presuntos delitos.
Según la disposición fiscal Nro 5 del 8 de abril a la que accedió El Comercio, Benavides considera necesario que Pedro Castillo responda por este caso.
Considera pertinente la investigación pese a encontrarse en funciones debido a los elementos que lo vinculan con “complejos hechos ilícitos” que llevarían a suponer que “dirigiría una organización criminal” .
Además, bajo su interpretación legal, el jefe de Estado puede ser investigado preliminarmente teniendo en cuenta que el artículo 117 de la Constitución.
No obstante, se prohíbe acusarlo constitucionalmente.
