“Nosotros somos respetuosos de las instancias y debemos acatar lo que diga el juez”. Así se refirió, la mañana de ayer, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, al fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que ordena la distribución gratuita del “anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado.
Sobre este mismo tema, el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, recalcó que se tratan de temas legales. “Esto lo tendrá que ver un juez y ahí se decidirá”, refirió. En cuanto al plazo de 30 días dado por el mencionado tribunal, dijo, en medio de carcajadas: “Le quedan 29 días. Y va (la ministra de Salud) a consultar al cardenal”.
García Funegra agregó que, desde su perspectiva, la AOE no es abortiva. Anunció, además, que su sector viene preparando toda la logística para comenzar a repartir el fármaco “de manera adecuada”, así como al personal que se encargará de hacerlo. No precisó cuál será el presupuesto que se empleará en esta tarea.
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Enfatizó que la AOE debe usarse “en casos de emergencia, de violaciones, cuando por alguna razón se rompe el condón” y, para esto, los profesionales de la salud deben estar capacitados con la finalidad de que den consejería sobre el adecuado uso del fármaco.
En tanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, manifestó: “Quinto mandamiento, ¿no? Como gobierno, respetamos las decisiones del Poder Judicial. En un Estado de derecho, las decisiones del Poder Judicial tendrán que ser respetadas e implementadas”.
Más contundente fue la congresista y segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien se mostró conforme con la decisión del mencionado juzgado constitucional. Recalcó, además, que esta situación podría dar pie a que el Tribunal Constitucional revise su fallo.
“Creo que sí es una necesidad… Es una píldora de emergencia realmente. Es muy injusto que la gente sin recursos no pueda utilizarla porque, si yo voy a una farmacia, la puedo comprar. Nadie me impide, porque tengo los recursos económicos, pero una persona sin recursos no las puede usar”, expresó.
Por otro lado, la abogada Violeta Gómez Hinostroza, quien interpuso la acción de amparo, refirió que la única forma en que se pueda impedir la distribución de la píldora es que el Ministerio de Salud apele esta decisión.
Recalcó que, en unos 30 días aproximadamente, el Primer Juzgado en lo Constitucional de Lima, a cargo del magistrado David Suárez Burgos, tendrá que emitir su resolución final, la misma que también podrá ser apelada en la siguiente instancia, que es la Corte Suprema.
Con información de Perú 21
