La ONG feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) presentó una queja a la Fiscalía de Perú para que se reconsidere el archivamiento de las denuncias de 77 mujeres por esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El recurso de queja fue presentado a la Segunda Fiscalía Supraprovincial, dirigida por Marcelita Gutiérrez, quien el pasado jueves archivó esas 77 denuncias, que constituyen un pequeño grupo de las más de 2.000 denuncias archivadas definitivamente en julio por la misma fiscal.
Gutiérrez argumentó en su resolución que no pudo encontrar responsabilidad de autoría mediata (con dominio del hecho) en Fujimori y en sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por las esterilizaciones forzosas ni que estas constituyeran una violación a los derechos humanos.
La queja presentada hará que la fiscal tenga que elevar el expediente al fiscal superior Luis Landa, quien en mayo de 2014 ordenó reabrir el caso tres meses después de que el fiscal Marco Guzmán Baca ya exculpara a Fujimori de responsabilidad y archivara las denuncias, tras haberse reabierto la investigación en 2009.
El abogado de Demus, Milton Campos, deseó que el despacho de la fiscal Gutiérrez sea "muy dinámico" en entregar la carpeta al fiscal Landa "lo más pronto posible".
El letrado aseguró que la decisión de Gutiérrez de cerrar la investigación negó el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia.
A la presentación de la queja también asistieron Victoria Vigo y los familiares de la fallecida Celia Ramos, dos de las víctimas denunciantes, representadas legalmente por Demus.
Vigo comentó que espera que el fiscal Landa haga un análisis más minucioso y tome en cuenta todas las pruebas que se han entregado durante más de 14 años, además de las voces de las mujeres de diversas partes del Perú que también fueron víctimas.
"Ya no confiábamos en que la fiscal resolvería nuestro caso porque solicitó muchas ampliaciones y muchas prórrogas. Tantos años seguimos esperando justicia, y seguiremos luchando por ella", manifestó.
Demus anunció que recurrirá al sistema interamericano de justicia si Landa ratifica el archivo del caso, al considerar que entonces se habrá agotado la vía legal a nivel nacional.
Las presuntas esterilizaciones forzadas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.
De esa cantidad, más de 2.000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
Con información de EFE
