La Sala de lo Constitucional de El Salvador ordenó a la Presidencia publicar los gastos en viajes y publicidad realizados en el año 2010 cuando ostentaba el poder Mauricio Funes (2009-2014), investigado por delitos de corrupción, informó la Corte Suprema de Justicia.
Dicha orden responde a un amparo interpuesto por el ciudadano Herbert Vega contra el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que había declarado "reservada" y en "reserva absoluta" dichos datos.
"Declárase que ha lugar el amparo" contra el IAIP "por la vulneración de los derechos de acceso a la información pública y a la protección no jurisdiccional", reza la sentencia.
En la misma, el Constitucional detalla que el Ejecutivo deberá publicar en su sitio en internet de Transparencia la información referente a "los gastos del diseño, producción e implementación de campañas del año 2010″.
También "el listado de los viajes internacionales realizados con fondos públicos" de Funes y su exesposa Vanda Pignato, actual secretaria de Inclusión Social, "conjunta o separadamente" durante los 5 años de su gestión, junto con el "destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto".
Asimismo "los gastos de las actividades protocolarias realizadas en ocasión de visitas de funcionarios extranjeros", todo en un plazo de 15 días hábiles.
Además, el Constitucional ordenó al Gobierno y al IAIP "abstenerse de catalogar como información reservada" los mismos datos "correspondientes a cualquier periodo presidencial".
Por otra parte, notificó a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General para que "realicen las auditorías e investigaciones pertinentes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales" por la negación de la información.
La negativa de revelar la información a Vega no es la primera que emite el Gobierno sobre los datos de los viajes de Funes.
En febrero anterior la Sala ordenó a la Presidencia que le entregara esta información, pero el Ejecutivo desobedeció lo mandado bajo el argumento de que "no contaba" con la misma, por lo que el tribunal asignó un juez para buscar e incautar la información, pero hasta el momento no ha detallado sobre las pesquisas.
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A diferencia de esa ocasión, esta vez el Constitucional ordenó que la información se haga pública directamente.
Funes afronta actualmente un juicio civil, ordenado por el Supremo, y una investigación penal por supuestamente incrementar injustificadamente su patrimonio en más de 700.000 dólares.
La Fiscalía también investiga a Funes por supuestamente favorecer con contratos durante su administración a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez.
El fiscal general, Douglas Meléndez, señaló el pasado 23 de agosto que Funes pidió asilo político en Nicaragua, sin detallar si esto obedece a las investigaciones en su contra, y que ya posee residencia en ese país.
Empero, Funes desmintió la versión en sus redes sociales y aseguró que su permanencia en esa nación es "por trabajo", sin entrar en detalles.
El expresidente, primero en llegar al poder bajo la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el poder, también fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por las supuestas negociaciones que su administración entabló con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir los asesinatos.
Con información de EFE
