La Fiscalía italiana ha pedido tres años y un mes de prisión para el ex alcalde de Roma Ignazio Marino por malversación, falsificación y fraude, mientras que el Ayuntamiento de Roma ha solicitado que sea castigado con una multa de 600.000 euros.
Tres años, un mes y diez días de reclusión es la pena que solicitan los fiscales Roberto Felici y Pantaleo Polifemo contra Marino, que se vio obligado a abandonar su cargo el pasado año envuelto en una serie de escándalos y después de la dimisión en bloque de concejales del Ayuntamiento de Roma.
Los fiscales acusan a Marino de usar presuntamente la tarjeta de crédito del ayuntamiento para costear cenas de carácter privado, por una suma de unos 12.700 euros.
Según la Fiscalía, el exalcalde habría utilizado la tarjeta de crédito de gastos de representación para pagar 56 cenas privadas que tuvieron lugar entre julio de 2013 y junio de 2015 y que fueron justificadas como "encuentros institucionales".
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Además, los fiscales también acusan a Marino de un delito de fraude en la gestión de la asociación sin ánimo de lucro "Imagine", encargada de facilitar ayuda sanitaria a países en desarrollo.
Los fiscales consideran que Marino incurrió en un delito de estafa cuando recurrió presuntamente al pago de compensaciones a colaboradores ficticios entre 2012 y 2014.
De forma paralela, el Ayuntamiento romano se ha constituido como parte civil del proceso contra Marino y, a través de su Defensa, ha pedido que el exalcalde sea sancionado con el pago de 600.000 euros: 100.000 por daños funcionales y 500.000 por daños de imagen.
Con información de EFE
