Una disputa entre los peritos independientes y los del Gobierno fue la orden que dio la juez que investiga los posibles delitos de malversación de fondos públicos en el rescate de Plus Ultra.
El Político
La juez Esperanza Collazos además rechazó archivar el caso y el careo quedó fijado para el próximo 18 de enero "una diligencia de careo ente los peritos del informe pericial y del llevado a cabo por Deloitte y DC Advisory".
Collazos quiere escuchar cómo estos últimos, los peritos contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), rebaten las duras conclusiones de los peritos independientes que, encabezados, por Pedro Martín Molina, cuestionan la legalidad del rescate, reportó El Mundo.
Caso Plus Ultra
Los peritos independientes firman un informe en el que señalan a la juez que hay "dudas más que razonables" sobre que Plus Ultra cumpliera los requisitos para recibir el rescate del Estado, especialmente el de no encontrarse en crisis antes de la pandemia.
Según estos peritos, sólo se sostenía por un extraño préstamo del banco panameño Panacorp que obliga a la aerolínea a tener cuatro millones inmovilizados en un paraíso fiscal.
La Sepi sostiene que, sin embargo, DC Advisory y Deloitte avalan que la aerolínea cumplía los requisitos, aunque ambas firmas matizan en sus informes que lo afirman con la información disponible y que corresponde al organismo gubernamental comprobar su veracidad.
Informe detallado de Plus Ultra
El informe más detallado para la Sepi fue el de DC Advisory presidido en España por el ex alto cargo socialista León Benelbas.
Con esta providencia, la juez rechaza por ahora la petición de archivo expresada por la Abogacía del Estado y por la fiscal que sostienen que el informe pericial independiente no sirve de base para sostener que puede haber habido delitos de malversación.
"No existen en las conclusiones del informe elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes" sostiene la Fiscalía, según informó este diario el pasado día 10 pese a las irregularidades expuestas por los peritos independientes entre ellas que el Gobierno permita la inmovilización del citado dinero en Dominica sin descontarlo de los 53 millones inyectados por el fondo estatal.
