Esta semana la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos comenzó un proceso que podría modificar la vida, no solo del ciudadano de ese país, sino de todo el planeta.
El Político
Para muchos, es la "gran batalla" del máximo tribunal de los EEUU sobre la "posibilidad de "remodelar el futuro de Internet".
¿Por qué es importante?
Lo que está en juego son las normas legales que rigen el contenido dañino en línea y quién es responsable de su publicación y difusión.
Se está escuchando un caso conocido como Gonzalez v. Google, que se centra en clips extremistas en YouTube, así como Twitter v. Taamneh, que también rodea publicaciones terroristas y recomendaciones de algoritmos.
La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que se estableció en los primeros días de Internet en 1996, es fundamental para la discusión.
Dicha sección proporciona un escudo legal que protege a las empresas de tecnología de la responsabilidad por las publicaciones de sus usuarios en sus sitios web, al clasificar como "plataformas" en lugar de "editores".
También permite a las empresas de redes sociales moderar publicaciones que consideren obscenas, lascivas, excesivamente violentas, acosadoras, etcétera, siempre que actúen de "buena fe".
"Cualquier cambio en el status quo actual puede ser perjudicial para Google y los inversores deben ser conscientes del riesgo potencial inminente", según la publicación SL Investments.
El artículo también explora los posibles cambios a la Sección 230, las consecuencias para los ingresos publicitarios y las opiniones históricas de los partidos demócratas y republicanos sobre el tema.
Incluso si se realizan reformas o reinterpretaciones, es posible que las plataformas no se vean afectadas por igual.
Conclusión
Si bien los fallos podrían demorar meses, los jueces de la Corte Suprema han expresado hasta ahora sus dudas sobre la posibilidad de anular las protecciones actuales, especialmente si hubiera consecuencias de gran alcance que serían difíciles de predecir.
Sin embargo, están explorando si debería haber una distinción de responsabilidad legal entre el alojamiento y la promoción de contenido de usuario, y si las empresas podrían ser responsables de ayudar e instigar en virtud de la Ley Antiterrorista.
La disputa sobre el discurso en línea también podría pasar al Congreso si considera que corresponde a los legisladores en el Capitolio establecer el alcance de la ley consagrada en la Sección 230.
