La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, el 19 de junio, como los próximos presidente y vicepresidenta significó un terremoto político para Colombia.
El Político
Independientemente de lo que ocurra con el gobierno de Petro partir de su posesión el 7 de agosto, en el país ya se produjeron cambios importantes.
El primero es que Colombia ha elegido, con la abstención más baja en 24 años, un presidente que combina ideas de izquierda y del liberalismo radical del siglo XX.
Entre ellas, la necesidad de la reforma rural, la justicia social y la desigualdad, más agendas progresistas del siglo XXI conectadas con debates globales sobre transición energética, cambio climático y regulación de las drogas de uso ilícito.
El segundo cambio es que Colombia también ha elegido por primera vez a una mujer negra, quien, si bien es nueva en la escena política tradicional, trae consigo una trayectoria como lideresa ambiental y encarna el sueño de la Constitución Política de 1991, que concibe a Colombia como un país multiétnico y multicultural.
¿Habrá paz en Colombia?
Un trabajo de la agencia IPS habla de que más allá de este terremoto y de las enormes esperanzas y expectativas que despierta el gobierno electo, el sueño de la paz persiste en Colombia.
Esto, junto a otros problemas estructurales, que fueron protagonistas durante la campaña y que ya deberían haber sido solucionados con o sin conflicto armado, como el problema agrario, la pobreza, desigualdad y corrupción.
Es cierto que el proceso de paz con las FARC-EP ha traído enormes beneficios para la sociedad colombiana.
No es poco que se haya desactivado más de 90 % de ese grupo guerrillero y se esté avanzando en el conocimiento de las verdades y los dolores que ha dejado la guerra a través de las instituciones de justicia.
Verdad, reparación y no repetición, a pesar del contexto político tan adverso gracias al gobierno de Iván Duque, quien decidió implementar lo que le vino en gana del Acuerdo de Paz.
Asimismo, la lucha insurgente es un anacronismo que ha quedado sepultado como consecuencia de la elección como presidente de un exguerrillero quien siguió las instituciones electorales para llegar al poder y le apostó a hacer política sin armas.
10 años y la violencia sigue
No obstante, el país ha visto cómo en los últimos 10 años, desde el inicio de las negociaciones de paz entre el Estado y las antiguas FARC-EP en 2012 hasta su firma en 2016 y la actualidad, la violencia ha continuado, se ha reconfigurado e intensificado en muchas regiones.
Esta violencia se refleja en: la persistencia de organizaciones armadas no estatales; el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes; el aumento del desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones y masacres.
También la influencia cada vez más notoria del crimen transnacional y sus emisarios; la incapacidad de los dos últimos gobiernos en poner en marcha estrategias unificadas de estabilización y seguridad territorial.
A esto se une unas tensas y hasta rotas relaciones entre sociedad y Estado; y la imposibilidad para reconciliar agendas de seguridad y desarrollo que permitieran el tránsito de millones de colombianos de las economías ilegales a las legales.
Paz total: 4 elementos
En medio de este contexto, el presidente electo Petro ha venido avanzando su gran apuesta de la “paz total.”
Si bien aún no conocemos una propuesta oficial de política pública, a partir de lo que se ha publicado en medios de comunicación y entrevistas, hay al menos cuatro elementos que permiten aventurar algunas interpretaciones sobre el significado de esa “paz total.”
El primero es el sentido que Petro le da a la paz.
Petro parece apartarse de la “paz chiquita” o “paz fragmentada”, términos que ha usado para referirse a los acuerdos de paz entre organizaciones armadas no estatales y el Estado colombiano.
Estos acuerdos, por lo general terminan en procesos de desarme, desmovilización y reincorporación, pero no en transformaciones estructurales para la sociedad colombiana.
Una excepción es el último acuerdo con las antiguas FARC-EP, firmado en 2016, que desafortunadamente no se ha implementado integralmente para mostrar su potencial transformador.
Al apartarse de esa visión, Petro considera que la “paz total” es una apuesta para la conciliación nacional y la convergencia de diferentes sectores sociales, políticos y económicos que deben devenir en un “Gran Acuerdo Nacional".
Piensa que para impulsar la paz como derecho, de acuerdo con la Constitución de 1991, y que, sí o sí, debe incluir un plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 –con sus respectivas revisiones–, reactivar los diálogos con el ELN e impulsar sometimiento a la justicia de otros grupos armados.
Muchos esperan que Petro sepa sortear los obstáculos y saboteadores –incluidos los que ya lo han buscado para la foto, los que quedarán en su gabinete– y nos deje contemplar la ilusión de una Colombia que puede salir del eterno debate entre paz y guerra.
