La puesta en vigencia en Argentina de un decreto de 1997 que recorta subdidios para las personas con discapacidad generó duras críticas contra el gobierno de Mauricio Macri, quien tiene en su gabinete a dos personas que se movilizan en sillas de ruedas.
El gobierno, que busca reducir el déficit fiscal, intensificó este mes la baja de pensiones por no cumplir todos los requisitos pero sin tomar en cuenta la situación socioambiental de los hasta ahora beneficiarios.
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Además dejó de entregar desde hace un año nuevos certificados de discapacidad.
Se estima que entre 13% y 15% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad.
La pensión mínima por discapacidad es de 4.400 pesos (250 dólares), la mitad de un sueldo mínimo, pero la mayoría cobra 7.000 (437 USD).
Entre enero y lo que va de junio fueron dadas de baja o suspendidas 83.133 pensiones no contributivas, según datos oficiales, frente a poco más de un millón que había otorgadas hace un año sobre 40 millones de habitantes.
El Ministerio de Desarrollo Social reflotó el decreto 432/97, dictado durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) pero que nunca se aplicó, generando una ola de críticas de la oposición y denuncias de los damnificados.
"A mi hija con discapacidad la dieron de baja y yo no puedo trabajar por tener que cuidarla y atenderla. Qué impotencia me da. Injusticia", tuiteó Lourdes Farruggia, una de las damnificadas.
La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) denunció en un tuit que "algunos de los criterios que se usaron para retirar pensiones fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto", a veces indispensable para la movilidad de un discapacitado motor.
Otro criterio para suspender el beneficio es que el cónyuge tenga un salario mayor a 20.000 pesos (1.250 dólares), apenas por arriba de los 14.090 pesos que eran necesarios en marzo para que una familia tipo no cayera en la pobreza.
"Es un grave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de ‘extrema indigencia’, lo que se contradice con tratados internacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional", advirtió la diputada socialista Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad.
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Según la diputada socialdemócrata Margarita Stolbizer, la medida "está vinculada con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,3% de déficit fiscal", cuando se prevé que podría ubicarse desde 4,8% hasta 7% del PBI, según distintos analistas.
En mayo, Macri había lanzado el Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, en un acto con la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti que se desplaza en sillas de rueda, así como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
AFP
