La policía chilena anunció que suspendió el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, en medio de fuertes cuestionamientos sobre ese arma no letal y los más de 200 manifestantes que han resultado con lesiones oculares graves en un mes de protestas.
El Político
"Como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios", afirmó el director general de Carabineros de Chile, Mario Rozas, luego de que se contabilizaran 222 personas con heridas oculares graves tras el uso de estos perdigones o balines desde el inicio del estallido social en Chile el 18 de octubre pasado, que deja también 22 muertos.
La policía afirma que estos perdigones son de goma, pero un estudio de la Universidad de Chile -en base a municiones extraídas a manifestantes heridos en las protestas- mostró una composición distinta: 20% de caucho y el 80% restante de silice, sulfato de bario y plomo, "con una dureza equivalente a una rueda de skate", de acuerdo al informe.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, declaró en Santiago que "no hay duda” de que hubo violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones sociales que golpean a Chile desde hace más de un mes, aunque sugirió "no generalizar” la situación.
"Sobre violaciones a los derechos humanos, no hay duda que existieron. El tema ahora es medir cuál fue su alcance, apurar sus debidas responsabilidades y también individualizarlas, en vez de generalizar una situación", dijo Abrão, de visita en Chile para recabar información sobre las decenas de denuncias sobre vulneraciones provocadas por agentes antidisturbios durante las protestas.
CIDH pide medidas de justicia y reparación
Tras reunirse en esta jornada con organismos de derechos humanos, Abrão indicó que es necesario individualizar estas vulneraciones, lo que debiera llevar a la justicia chilena a implementar "medidas de reparación adecuadas a las víctimas" y aclarar las circunstancias en las que se produjeron los abusos.
El representante de la CIDH inició el lunes reuniones con autoridades de gobierno y también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha documentado más de un centenar de demandas por abusos de parte de agentes del estado.
Mientras tanto, un grupo de diputados chilenos de oposición presentaron este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley, que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.
Fuente: DW
