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Por corrupción: Pedro Castillo podría ser condenado a 31 años de prisión

A C Por A C
01/03/2023
en Perú, Latinoamérica
El índice de aprobación hacia el presidente Pedro Castillo, continúa en picada.

El índice de aprobación hacia el presidente Pedro Castillo, continúa en picada.

La fiscalía del Perú pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. Estima que el exmandatario podría ser condenado a 31 años por liderar una red criminal.

El Político

El Ministerio Público realizó un nuevo pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

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A la solicitud sumaron los nombres de los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado.

El fiscal supremo Helder Terán los acusa a Castillo y sus ministros de establecer una red criminal mediante asignaron millonarias obras públicas. Por estos motivos, el fiscal Terán proyecta una pena de 31 años y 4 meses de cárcel para el exgobernante.

Explicó que la condena estimada es la sumatoria de los tres delitos que se le imputan: organización criminal (18 años y 4 meses), tráfico de influencias agravado (6 años y 8 meses) y colusión (6 años y 4 meses).

El juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el viernes 3 de marzo la audiencia en donde evaluará el requerimiento de prisión.

Por qué es importante

Pese a la presión ejercida en el plano internacional por la izquierda latinoamericana a favor del exmandatario peruano, las causas en su contra por presunta corrupción y por el intento de golpe de estado siguen avanzando en los tribunales de la nación inca.

#MUNDO | ?? La Fiscalía de Perú considera que el expresidente Pedro Castillo, puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por delitos de corrupción durante su Gobierno (2021-2022). pic.twitter.com/7T9WKdrTn3

— Por la calle del medio (@plcdelmedio) March 1, 2023

En detalle

Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión.

El exministro Silva se encuentra a la fecha prófugo de la justicia. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela, donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.

Por su parte, Geiner Alvarado mostró su disposición para que se continúen con las investigaciones y no presentó objeciones al proceso llevado tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Las protestas en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte se reanudan con movilización que se ha denominado la "segunda toma de Lima". https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/V5uDhHc3Ru

— NTN24 (@NTN24) March 1, 2023

Panorama general

Perú no encuentra la forma de vivir un momento de tranquilidad. Mientras Castillo se enfrenta a las causas judiciales abiertas en su contra, el gobierno de Dina Boluarte toma medidas de orden policial, para impedir lo que se llama la Toma de Lima.

Manifestantes encabezados por delegaciones de comuneros de los sectores del Collao, Chucuito, y Yurungo de Puno planean tomar la capital peruana, con un nuevo pedido de renuncia de la presidenta.

Por su parte, el  presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que no habrá tal  Toma de Lima. Asegura que la Policial Nacional Peruana,  respetará la vida, integridad y los derechos fundamentales de todos los peruanos.

En conclusión

Solo hay un punto en el que hay certeza: Perú está dividido.

Por un lado el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso continuan debatiendo si hacen o no elecciones, y en el Poder Judicial, Pedro Castillo se juega su futuro defendiéndose de las causas abiertas por corrupción y por el intento de golpe de estado.

Mientras en la calle otro es el panorama, con gente protestando todos los días, con bloqueos a carreteras y cierre casi total de la economía.

Nadie sabe con certeza cómo terminará este desastre.

Fuente: Prensa Peruana

Tags: Dina BoluartefiscaliaPedro Castilloperuprisión preventiva
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