Tras el escándalo por las denuncias de narcosobornos, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones que permitan establecer si su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro incurrieron o no en el escándalo de supuestos “sobornos” a “narcos” para ingresar a la ‘paz total’.
El Político
Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aseguró en una entrevista reciente que su expareja recibió dineros de exnarcotraficantes para la campaña que llevó a su padre a la Casa de Nariño, reportó Semana.
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¿Qué dijo Vásquez?
En entrevista con Vicky Dávila, directora de Semana, Vásquez aseguró que Nicolás Petro, hoy diputado a la asamblea del Atlántico, supuestamente recibió dineros de Santander Lopesierra, el Hombre Malboro, y de Alfonso ‘El Turco Hilsaca’, ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.
En la entrevista, Vásquez asegura que a cambio de la donación recibida, de la cual el presidente no tenía conocimiento, Nicolás Petro estaría apoyando la candidatura de Lopesierra a la Alcaldía de Maicao.
Esto coincide con una comunicación que publicó el exnarco, el 3 de diciembre de 2022, en la que confirma que está formando un proyecto político para el departamento de La Guajira, en la que esperaba, desde la inclusión social, abrir la puerta para la participación de todas las personas.
La mujer indicó que se animó a denunciar el caso "porque hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral".
Detalló algunas de las irregularidades: "Primero, recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento."
¿Cuál fue la reacción de Petro?
El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones contra su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro Burgos, para que determine cuál sería su responsabilidad en la supuesta existencia de un cartel de abogados que piden a narcotraficantes altas sumas de dinero para que sean incluidos en la política de “paz total”.
“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido al Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, explicó en un comunicado.
Petro fue claro en señalar que la única persona, en este caso funcionario, para avanzar en la política de ‘paz total’ es el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, reportó Semana.
Y recalcó: “De nuevo reitero que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda”.
Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023
En contexto
Hace varios días, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que existe un cartel de abogados que buscan prebendas a cambio de supuestos beneficios para los detenidos. Se trata de la misma práctica que denunció SEMANA.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El fiscal general Francisco Barbosa, hizo duros reparos frente a la modificación que se pretende hacer al código penal a través del proyecto de humanización de las penas, presentado por el Gobierno Nacional
Fiscal general Francisco Barbosa. – Foto: Fiscalía
“Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de ‘paz total’”, agregó la oficina del alto comisionado.
El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro.
En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones.
Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que destapó SEMANA.
En concordancia con ellos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que “ante la gravedad de estas versiones, la OACP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz) ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones.
Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho”.
“A medida en que se consolida la política de ‘paz total’, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad”, agregó el Ejecutivo.
Entre líneas
Según El País, el presidente debía estar enterado de que esa entrevista se iba a publicar porque horas antes sacó un comunicado en el que pedía a la fiscalía que investigara a Nicolás y a Juan Fernando Petro, su hermano.
Sus nombres también han aparecido en una trama de cobro de comisiones a presos en las cárceles, a quienes se le prometía un trato de favor por parte del Gobierno para rebajar sus penas.
La familia está siendo un verdadero dolor de cabeza para el presidente. En campaña ya se acusó a su hermano de visitar las cárceles ofreciendo a capos de la mafia reducciones de pena y beneficios judiciales.
Petro salió a explicar que su hermano no hablaba en su nombre, pero que podía estar hablando del perdón social, una teoría del filósofo francés Jacques Derrida.
El asunto se enredó todavía más. Con el tiempo se ha comprobado que aquello eran los primeros movimientos de la paz total, el proyecto de negociar y someter a la ley a delincuentes que pidan perdón y se comprometan a reinsertarse en la sociedad.
Aquello le costó un disgusto en campaña, pero logró librarse de una polémica mayor. Hace unos meses, un medio publicó que el padre de Petro había colocado a su novia en una embajada. “Mi padre no tiene novia”, aclaró el presidente en Twitter, en un mensaje que parecía casi humorístico. La web tuvo que rectificar la información. Ahora es de nuevo Juan Fernando el que aparece en el horizonte como un problema, al que se le suma su primer hijo, Nicolás.
Petro sabía que tenía que gobernar un país necesitado de reformas estructurales y ávido de paz después de tantos años de violencia, pero no debía imaginar que entre él y esos cometidos gigantescos se iban a entrometer de mala manera sus familiares más cercanos.
Juan Fernando Petro ya se ha defendido públicamente y ha dicho que han utilizado su nombre “para hacer negociaciones, sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo”.
Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0
— Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023
En conclusión
Lo que ha trascendido públicamente es que existiría una red que estaría cobrando dinero a grandes narcotraficantes para buscar ser nombrados “voceros de paz”. Las exigencias de dinero superarían el millón de dólares, ya que de ser nombrados como gestores de paz, no serían extraditados a Estados Unidos, entre otros beneficios judiciales.
Al respecto, Petro se mostró determinante y dijo que “mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, señaló en el documento.
El primer mandatario señaló que quien quiera interferir en su propósito de la “paz total”, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, “incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.
Por último Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, anunció este jueves en su cuenta de Instagram que entregará las pruebas que comprometen al hijo del presidente Gustavo Petro ante las autoridades correspondientes. “Todo es totalmente cierto, entregaré pruebas a los entes correspondientes”.
