La Unidad de Moneda de Finanzas dirigida por el General Giovanni Padula, decidió controlar las cuentas bancarias e investigar por el delito de lavado de dinero de esta joven que trabaja como venedora de una tienda de ropa.
El Político
La joven, nacida en Roma y una vendedora a tiempo parcial en una tienda de ropa, llamó la atención de las autoridades por una cuenta corriente millonaria a su nombre y una propiedad en una zona exclusiva de la capital de Italia.
Camilla Fabri, esposa desde hace cinco años del empresario barranquillero Alex Saab, es una joven romana de 25 años que desde el 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en Milán.
Saab fue acusado por la fiscal venezolana en el exilio Luisa Ortega Díaz de beneficiarse con los contratos otorgados por Nicolás Maduro. Según la fiscal Ortega, el colombiano se habría enriquecido con contratos, ventajas cambiarias y exportaciones ficticias.
Según medios italianos, Fabri, una modelo y quien además es recordada por su presencia en la televisión, comenzó en los últimos años a realizar una serie de inversiones que van más allá de su capacidad de gasto.
Aunque ganaba solo 1800 euros al mes, tenía un nivel de vida desproporcionado por poseer un contrato de alquiler a 5.800 al mes. Luego compró un Range Rover de 54.500 euros y finalmente el 1 de octubre de 2018 adquirió una propiedad en el cuarto piso de Via Condotti, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari y una de las calles más elegantes de Roma, que costó alrededor de unos 5 millones de euros.
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Ell trabajo que tenía no podría garantizarle una vida tan cómoda, fueron algunas de las preguntas que llevó a las autoridades de investigación del lavado de dinero sobre el origen de las finanzas de Fabri.
La investigación detectó que el dinero provenía del Reino Unido a través de Kinlock Investment, una compañía dirigida por el novio de 26 años de su hermana, Lorenzo Antonelli, con acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.
Según las investigaciones, los recursos con los que se compraron las propiedades provienen de los sobornos que el gobierno de Maduro le habría pagado a Alex Saab por una supuesta distribución de alimentos en Venezuela.
