Las pandillas en El Salvador han tenido a la población en jaque en las últimas décadas. La violencia en el país centroamericano llegó a un punto crítico en 2015, cuando se registraban 18 homicidios diarios.
El Político
Las soluciones que han propuesto los líderes de la política han sido varias, pero todas han fracasado. Ninguna ha sido suficiente para acabar con la violencia crónica que azota al país.
El presidente del nuevo Gobierno, Nayib Bukele, ha dejado claro que a las maras solo les queda dos opciones: la cárcel o la muerte.
“Váyanse a sus casas. Ya se acabó. No hay más Mara Salvatrucha, no hay más Mara 18. ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel?”, dijo el presidente salvadoreño días después de haber implementado el Plan de Control Territorial, uno de sus proyectos pilares.
El mensaje parece haber tenido éxito. El pasado mes de julio cerró con cinco homicidios diarios e incluso se registró un día sin muertes violentas, algo que solo sucedió ocho veces en el último siglo.
Las autoridades del país atribuyen esta victoria a las estrategias de seguridad que ha implementado el nuevo Gobierno, sin embargo, también puede haber otras razones.
Retomar el control de los centros penales, luchar contra el financiamiento del crimen organizado y fortalecer los cuerpos de seguridad salvadoreños son los tres ejes principales del llamado Plan de Control Territorial que Nayib Bukele ha puesto en marcha el pasado 20 de junio.
Pero para José Miguel Cruz, quien lleva analizando la violencia en El Salvador desde los años noventa, las medidas que ha implementado son efectivas a corto plazo, pero no resuelven la raíz del problema.
Para el experto, este plan “ha sido muy agresivo”, lo que se traduce en algunas ocasiones por “el uso excesivo de las fuerzas de seguridad”.
“Es una nueva expresión de manodurismo” ha afirmado el director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos.
Analistas, académicos y líderes religiosos que trabajan en comunidades acechadas por la violencia no tienen una explicación para la reducción súbita de los homicidios. El nuevo gobierno lo atribuye al “Plan Control Territorial”, una estrategia que en su mayoría se desconoce ya que el 90% de sus componentes es reservada, según Bukele.
El plan comenzó a implementarse el 20 de junio de 2019 y Bukele lo pintó como una estrategia de choque contra las pandillas. "Váyanse a sus casas. Ya se acabó. No hay más Mara Salvatrucha, No hay más Mara 18. ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel?", dijo. Lo que siguió al anuncio fue una serie de medidas a endurecer el control de las cárceles, algo que ya había implementado el gobierno de Sánchez Cerén.
Además, Bukele ordenó contratar mil soldados más para reforzar el plan de seguridad y una serie de medidas para bloquear la comunicación de los líderes pandilleros que están en las cárceles, además de un aumento de controles en las vías públicas. El 12 de julio de 2019, el gobierno anunció la segunda etapa de su plan que consiste en llevar servicios básicos y programas de prevención a comunidades afectadas por la violencia.
Al pastor Vega le sorprende que el gobierno implementó el “Plan Control Territorial” en 16 municipios, pero que los resultados exitosos en cuanto a reducción de homicidios ha sido a nivel nacional.
Esa reducción tampoco podría atribuirse a programas de prevención porque los fondos para esa parte del plan aún no están aprobados. "En las comunidades hay más policías y más soldados. Aparentemente es un plan de mano dura, pero en el terreno (las comunidades) no es así. Esas son las cosas que son extrañas". El pastor Vega documentó abusos policiales contra jóvenes, un problema que se agravó entre los años 2015 y 2016, pero ahora asegura que estos se han reducido.
El abogado René Castellón, catedrático y autor del libro ‘Manual básico de criminología’, dice que cualquier reducción de la delincuencia común u organizada guarda relación con las medidas político-criminales que implementa un Estado.
"En el país se ha implementado la medida de recuperación de territorios hasta hace un tiempo dominados por grupos criminales; también se ha efectuado traslados de población reclusa y bloqueado su comunicación. Son claras medidas de política criminal, las que indefectiblemente han impactado en la reducción de los homicidios", dice el académico.
Pero el politólogo Álvaro Artiga agrega una variable más al debate. “Ahora hay un silencio total, como un consenso social en torno a lo que está haciendo el presidente. Uno debe de preguntarse si no hay una negociación con los líderes de las pandillas", apuntó durante un programa de televisión.
Fuente: Univisión
