El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció ayer la constitución del Pacto Nacional por el Referéndum, que hará una campaña en España y el extranjero para recoger adhesiones a un manifiesto a favor de una consulta de independencia acordada con el Estado. El texto no lo redactará la Generalitat sino un grupo de ocho personas, casi todos ex cargos públicos. El acuerdo se alcanzó tras una cumbre de partidos, sindicatos y entidades soberanistas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebró que se recupere la idea del referéndum pero pidió no tener “prisa” para no causar frustración y avisó que sería "legítimo" hacer otro 9-N pero que eso no sería un referéndum.
La cumbre, que se celebró en el Parlament durante casi tres horas, reunió a 83 personas: representantes de instituciones, entidades y partidos independentistas y otros soberanistas, como Catalunya Sí que es Pot, representados por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Puigdemont propuso la convocatoria con el objetivo de atraerse a los comunes,el nombre con el que se conoce a los miembros de distintas formaciones de izquierda que están preparando la constitución de un nuevo partido, y que son partidarios del referéndum pero sin decantarse por la independencia.
El president aparcó en su intervención la vía unilateral y recalcó que la campaña, sin impulso del Gobierno, nace con la voluntad de celebrar el referéndum “de manera acordada con el Estado”. Fuentes de la Generalitat sostienen, sin embargo, al mismo tiempo que, aunque no haya acuerdo, la consulta se convocará igualmente. “El referéndum tiene un amplísima mayoría detrás, así lo acreditan los sondeos. Hoy hemos dado un salto adelante”, dijo Puigdemont, que recordó que el anterior Pacto Nacional por el Derecho a Decidir lo suscribieron más de 4.000 entidades.
El jefe del Gobierno catalán hizo un juego de equilibrios para lograr el apoyo de los comunes: el cónclave no abordó la resolución independentista pactada entre Junts pel Sí y la CUP en favor de hacer un referéndum como muy tarde en septiembre de 2017. El plan es en genérico y por eso atrajo a las formaciones lideradas por Colau, satisfechas de que se recupere la idea del referéndum cuando los independentistas decían que ya era “una pantalla pasada”. El consenso se ampara de alguna forma en la resolución aprobada en la Cámara con los votos de Catalunya si que es Pot y Junts pel Sí de seguir haciendo gestiones ante el Estado en favor de esa consulta. El Tribunal Constitucional no recurrió este texto y sí el que impulsaron los dos grupos independentistas en favor de convocar el referéndum con independencia de la postura del Gobierno del Estado.
La situación, sin embargo, no altera sustancialmente los planes del Ejecutivo catalán. Su plan es celebrar el referéndum en septiembre de 2017 aunque no logre la luz verde del Gobierno, el Parlamento o el Tribunal Constitucional. Puigdemont no admitió ayer preguntas. Quien lo aclaró fue el vicepresidente Oriol Junqueras, que señaló que “no hay dudas” de que habrá consulta y aclaró que en su momento la Generalitat harán una campaña en favor del llamamiento a la participación.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho repetidas veces que no autorizará un referéndum de secesión. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha anulado varias resoluciones vinculadas al proceso independentista —incluida la última resolución parlamentaria sobre el referéndum— y ha advertido a las instituciones catalanas de que no pueden seguir impulsando iniciativas en esa línea.
Colau fue especialmente prudente y sintetizó que el elemento central de la cumbre no fue “la independencia sino la democracia”. Colau reclamó un referéndum con garantías, que apele al conjunto de la ciudadanía y que no ponga en aprietos a los funcionarios. Por ello, pidió que no haya prisas, para no caer en la frustración. Y lanzó un aviso de que repetir un 9-N sería “legítimo” pero ni sería útil ni sería un referéndum. Anna Gabriel (CUP) avanzó antes del cónclave que concluiría con un acuerdo “ratificando” la vía pactada. “No confiamos demasiado pero aun así estamos aquí”, dijo. Y remachó cuando se le interpeló directamente por el futuro papel de los comunes: “Esperamos que entiendan que los derechos democráticos se ejercen y no se claudica”.
Con información de El País
