El presidente Rafael Correa aseguró que enviará, el miércoles 7 de diciembre, un decreto para disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a la consulta popular para decidir sobre el denominado pacto ético.
En caso de que el Jefe de Estado cumpla su palabra, el CNE tendría 15 días para convocarla. “Tenemos 15 días plazo y corren sábados, domingos y feriados. A finales de diciembre el Consejo tendría que hacer la convocatoria”, puntualizó, la mañana de lunes 5 de diciembre, Juan Pablo Pozo, presidente del órgano rector electoral.
Luego de la convocatoria, el CNE tiene como plazo máximo 60 días para llevar a cabo la consulta. Pozo explicó que el Pleno definirá los detalles técnicos cooperativos, de promoción, fiscalización de los límites de gasto y de promoción electoral sobre la pregunta.
El presidente Correa propone que se le consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular tengan una prohibición de tener capitales y bienes en los considerados paraísos fiscales. Esta iniciativa nació luego del escándalo mundial por la vinculación de varios funcionarios en el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denominado ‘Panama Papers’.
Sobre otro tema, el Presidente del CNE habló del proceso de contratación del ‘call center’ que fue criticado por uno de los oferentes que no ganó la adjudicación del contrato y que presentó su queja al Servicio de Contratación Pública (Sercop). Hasta el pasado viernes 2 de diciembre, el organismo electoral podía presentar los descargos al Sercop.
Ese día, la institución contestó, según Pozo, que el CNE no ha omitido ningún tipo de “formalidad sustancial y el proceso ha reunido todos los requisitos y condiciones”. Por lo tanto, se levantó la suspensión para que continúe con el proceso. Juan Pablo Pozo dijo que cuando recibió el escrito del oferente perdedor, ofició a todas las instituciones incluyendo a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) para que, de ser el caso, se convoque a la audiencia y se pida los descargos.
Este lunes 5 de diciembre, en la mañana, se desarrolló la mesa de trabajo en la Superintendencia. Fueron citados el CNE y la empresa Cronix “para conocer sobre las posibles conductas anticompetitivas que habrían existido dentro del procedimiento de contratación”, según consta en un comunicado de prensa de la SCPM.
El departamento legal del CNE acudió a la cita. Pozo insistió en que el CNE todavía no ha adjudicado el contrato y que no se ha dado ningún anticipo. Estas declaraciones se dieron tras la firma del convenio de cooperación entre el CNE y el Ministerio de Educación para que los estudiantes secundarios sean voluntarios en las mesas de atención preferente (atención a personas con discapacidades).
También podrán intervenir en los simulacros de las elecciones y en el proceso de difusión de información a la ciudadanía. El CNE dotará de un kit de identificación a los estudiantes voluntarios, comunicará a los estudiantes respecto de los cronogramas de capacitación, capacitará a los estudiantes participantes en las actividades derivadas del convenio y ejecutará procesos de promoción electoral. Recibirán capacitación.
Con información de El Comercio
