El presidente del Senado brasileño, Renán Calheiros, engrosó la lista de políticos procesados por supuesta corrupción, después de que el Supremo aceptó la denuncia de que recibió coimas de una empresa para pagar la pensión de una hija.
Las acusaciones sostienen que Calheiros se valió de su influencia para favorecer a la constructora Mendes Júnior, que a cambio pagaba la pensión de una hija que tiene fuera del matrimonio, un asunto ya denunciado en 2007 y que en su momento le obligó a renunciar a la presidencia del Senado, que volvió a ocupar a partir de 2013.
Calheiros es un hombre de la mayor confianza del mandatario Michel Temer y un antiguo y poderoso dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hoy en el Gobierno y que indirectamente acaba salpicado por el dictamen de la corte.
Tras conocer la decisión, Calheiros difundió una nota oficial en la que se dijo tranquilo y "confiado en la Justicia", ante la cual sostuvo que probará que las denuncias en su contra se apoyan en una mera "suposición".
Además de este caso, Calheiros es investigado por el Supremo en otra decena de acciones penales, en su mayoría referidas a la trama de corrupción en la estatal Petrobras, que implica a decenas de políticos de todo el arco ideológico y partidario.
La corte decidió procesar a Calheiros en momentos en que Brasil asiste a un creciente conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial, desatado por iniciativas parlamentarias que, según los magistrados, pudieran inhibir la acción de los tribunales.
El origen de las divergencias está en un proyecto de ley aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, que establece unas nuevas medidas contra la corrupción, trata sobre abusos en que incurran los funcionarios y dedica un capítulo particular al Poder Judicial.
En ese apartado se introdujo un polémico párrafo sobre los "abusos de autoridad" que puedan cometer los jueces y fiscales, para los que se establecen penas de hasta dos años de prisión por causas genéricas, como actuar con "motivaciones político-partidarias".
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La propia presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, criticó esa iniciativa, sobre la cual advirtió de que puede "contrariar la independencia del Poder Judicial".
En una nota oficial, Antunes reafirmó su "integral respeto al principio de la separación de poderes", pero subrayó que se veía en la necesidad de "lamentar" la aprobación de esa artículo y agregó que "se puede intentar callar a los jueces, pero nunca se consiguió ni se conseguirá callar a la Justicia".
Los fiscales que trabajan en las investigaciones del escándalo de corrupción en Petrobras atribuyeron esas iniciativas a una maniobra de la clase política, salpicada por esa operación, para intentar "inhibir" su trabajo y amenazaron con renunciar en masa al caso si esas medidas fueran aprobadas también en el Senado.
La noche del mismo miércoles, horas después de su aprobación en la Cámara baja, Calheiros llevó el proyecto al pleno del Senado y, junto con los jefes de algunos grupos parlamentarios, propuso que fuera votado con urgencia, lo que fue rechazado por la mayoría de los senadores, incluso muchos de la base política de Temer.
Tanto la decisión de la Cámara de Diputados como el intento de Calheiros por votar el proyecto el mismo día generaron una ola de indignación popular que se tradujo en cacerolazos en algunas ciudades del país, como Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo.
También reforzaron una convocatoria hecha por movimientos de la sociedad civil para tomar las calles el próximo domingo en protesta contra la corrupción y el Congreso y para respaldar la continuidad de las investigaciones en Petrobras.
Eso mismo reclamaron decenas de fiscales que se agolparon a las puertas del Supremo y exigieron "garantías" para su trabajo, al tiempo que algunos exhibían carteles que decían "Fuera Renán".
Con información de EFE
