El Gobierno argentino, que preside el conservador Mauricio Macri, se enfrenta desde el comienzo del año a una tensión creciente en las calles marcada por una economía que sigue sin arrancar y la presión de los poderosos sindicatos del país, una tesitura que complica al oficialismo en un año electoral.
Pese a las promesas de recuperación de la economía que reiteró el Ejecutivo durante el pasado año, el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 2,3 % en el último trimestre del 2016, un ejercicio en el que la inflación rebasó el 40 %, según las estimaciones oficiales.
Todo ello motivó que la semana pasada la principal central obrera del país, la Confederación Argentina del Trabajo (CGT), convocara una huelga general para el próximo 6 de abril, la primera medida de fuerza de este tipo a la que se enfrenta Macri desde el comienzo de su mandato, en diciembre de 2015.
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Además, desde principios de marzo, mes que coincide con la vuelta de las vacaciones de verano, las calles de Buenos Aires, donde cada día entran y salen hasta 10 millones de personas, se convirtieron casi a diario en escenario de protestas que colapsaron el tráfico y levantaron la irritación de buena parte de la sociedad porteña.
Los piquetes se sucedieron durante las últimas semanas impulsados por diferentes sectores: empleados judiciales, bancarios y, sobre todo, por los docentes argentinos, que cada arranque de curso salen a la calle en reclamo de aumentos salariales que contrarresten la inflación y que este año lo han hecho con aún más virulencia.
Hasta ahora, la CGT, de inspiración peronista, se había desmarcado del resto de sindicatos y le había dado un margen al Gobierno en las calles, por lo que la convocatoria de paro de la próxima semana fue vista por algunos sectores como un movimiento político de cara a las elecciones legislativas de octubre.
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"El problema que tenemos es gran parte del sector sindical responde al PJ (Partido Justicialista) y cuando este partido no gobierna es el sector sindical el que intenta conducirlo", explica a Efe el diputado del bloque oficialista Cambiemos Luis Petri, quien entiende que el "contexto electoral" ha condicionado en los últimos meses a los movimientos sociales que se manifiestan en la calle.
Sin embargo, del lado de los analistas hay una percepción de que el Gobierno no ha sabido evaluar el impacto de los efectos negativos de las medidas de ajuste económico que implementó durante el año pasado y que ahora podrían pasarle factura en términos políticos.
"El Gobierno no está bien porque no ha hecho una buena lectura de la situación y ha minimizado los efectos del ajuste del año pasado: los aumentos tarifarios, la devaluación del dólar, las subidas de precios…", explica a Efe el politólogo Jorge Arias, de la consultora PoliLat.
Según Arias, ese "error de diagnóstico" ha revertido en una caída de la popularidad en los últimos meses tanto del Gobierno como de uno de los grandes activos políticos que le llevaron a la victoria electoral en los últimos comicios presidenciales, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
De acuerdo con los datos de una reciente encuesta de la consultora Giaccobe y Asociados, el presidente Macri redujo su popularidad cerca del 7 % en febrero, casi tanto como durante todo el 2016, si bien es cierto que el Gobierno todavía mantiene un 53 % de imagen positiva entre la sociedad.
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Para Jorge Giaccobe, el descenso de la popularidad del oficialismo es una mezcla de la caída de la economía y del desgaste natural que sufren los Gobiernos a mitad de mandato en un contexto en el que el electoral argentino es "cada vez más demandante".
En su opinión, "no existe una salida política" para el conflicto en la calle y el único asidero que posee el Ejecutivo para calmar la tensión social y reeditar una victoria electoral en octubre, cuando se renueva un tercio del Senado para 2017-2023 y casi la mitad de la Cámara de Diputados para 2017-2021, es la mejora de la economía.
Según Arias, es factible que el oficialismo pierda las elecciones si continúa sin advertir las señales de la sociedad, algo que complicaría las perspectivas de llegada de inversores al país, que a su juicio, están esperando para ver si Argentina es capaz de generar un clima de estabilidad institucional a largo plazo.
EFE
