La supuesta financiación irregular del Partido Popular (gubernamental) volvió hoy al debate político español al conocerse una investigación policial sobre la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y ser reprobados el ministro de Justicia y la cúpula fiscal por el Parlamento nacional.
El Congreso (una de las dos cámaras parlamentarias) reprochó al al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, "maniobras" para "obstaculizar" causas judiciales de presunta corrupción del PP (centroderecha).
A propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal grupo de la oposición), el Parlamento reprobó a Catalá y los fiscales con el apoyo de toda la oposición, mientras que el PP, que no tiene mayoría, votó en contra. No obstante, la decisión de la cámara no tiene consecuencias políticas en la práctica.
Mientras la oposición arrinconaba al PP en el Congreso, en los tribunales una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba también contra el partido del Gobierno.
Según esa investigación, la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 y vincula con esas prácticas, entre otros, a Cristina Cifuentes y a su predecesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, que está actualmente en prisión por el caso Lezo.
González y otra decena de altos cargos fueron arrestados el mes pasado acusados de utilizar la empresa pública madrileña de aguas Canal de Isabel II en un desfalco de 23 millones de euros (25 millones de dólares) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.
Sin embargo, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra Cifuentes, pese a que la UCO señalara en un informe indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid (parlamento regional), cuando era presidenta de la mesa de contratación.
Según informaron fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción encontraron pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la trama Púnica, de supuesta corrupción en la adjudicación de obras y servicios públicos.
Cifuentes aseguró hoy que el informe de la Guardia Civil carece de "valor jurídico alguno", y estudiará medidas legales porque no va a consentir que nadie ponga en duda su honradez.
Fuente: EFE
