El 18 de octubre se cumplirá un año del estallido social en Chile. El presidente Sebastián Piñera, que quiere evitar a toda costa una situación similar, destinó 15 millones de dólares a seguridad. No se trata solo de equipamiento para los carabineros, sino también de ingreso de más funcionarios. Ninguna previsión es poca cuando se trata de impedir que se desborde la violencia, como ocurrió en octubre de 2019.
El Político
En Chile no se ha cerrado la herida que dejó el estallido social. Del lado de la sociedad, persisten los reclamos de la juventud y las mujeres, que exigen acceso a empleos. También está el descontento por la atención en salud, que es privada y costosa. Aunque el Estado ha hecho algunos esfuerzos para generar empleo joven y dar acceso a la salud pública, los problemas no han sido atendidos con la celeridad deseable. La pandemia de coronavirus también afecta la economía chilena y genera un elemento más de tensión.
A este escenario se suma el plebiscito para el cambio de la Constitución de Chile, que data de la época del dictador Augusto Pinochet. El tema polariza. Los que promueven el SI en la consulta quieren una nueva Carta Magna que refunde todo. Desean borrón y cuenta nueva. Los que promueven el NO consideran que los cambios pueden darse gradualmente, sin necesidad de cambiar todo el contrato social por el que se ha guiado Chile desde hace años.
En medio de este convulso panorama, con presiones sociales y políticas, además de la pandemia, la prioridad de Piñera parece ser el orden. No permitir que la violencia se apodere del país es tarea esencial hasta el final de su mandato, previsto para 2021, cuando habrá comicios presidenciales en Chile.
Juran que es control del orden, no represión
Los carabineros están en el ojo del huracán. Pesan sobre muchos de ellos acusaciones de abuso de autoridad, abuso de la fuerza, excesos, etc. Hay decenas de efectivos separados de sus cargos y sometidos a investigaciones y procesos judiciales. Esto se debe a la forma en la que actuaron contra quienes protagonizaron el estallido social de 2019 y las protestas que se han presentado durante 2020.
Sin embargo, el jefe nacional para el Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, detalló a Infobae que no solo recibieron nuevos vehículos, armamento y artículos destinados a la protección. Parte de los 15 millones de dólares para seguridad se destinó a mejorar el respeto a derechos fundamentales.
"También se contrataron más policías capacitados en materia de Derechos Humanos. Seguimos trabajando en la formación continua del personal; por ejemplo, con capacitaciones y reentrenamientos en el ámbito de los Derechos Humanos", aseveró.
Lo cierto del caso es que llegaron nuevos camiones lanzaagua, con mayor capacidad de almacenamiento del líquido, buena potencia al lanzar y ocho ruedas que les permiten circular por cualquier superficie. Los nuevos carros lanzagases tienen llantas que no se pinchan ni se deforman con el peso del vehículo.
Las escopetas de perdigones disparan ahora tres proyectiles en vez de una docena, pero los actuales balines miden un centímetro y medio, mientras los anteriores medían 8mm. El impacto de los nuevos es mucho más fuerte, pero no letal.
Cuarenta mil nuevos funcionarios se incorporaron al personal de seguridad en Chile. Es una cifra considerada astronómica. Se ubicarán en sitios clave como estaciones del subterráneo y la "infraestructura crítica".
Este es el escenario al que se enfrenta el gobierno de Piñera a un año del estallido social en Chile. Mientras el descontento social sigue, el riesgo de manifestaciones violentas siempre está latente. Contener los desórdenes sin incurrir en atropellos es el reto.
