El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se reunirá este lunes con el embajador de Venezuela en el país, Carlos Amador Pérez, en relación al problema migratorio entre ambos países y que recientemente supuso la muerte de, al menos, 28 migrantes venezolanos.
El Político
Un funcionario gubernamental, bajo condición de anonimato, confirmó a EFE la reunión e indicó que la misma no será virtual y será en persona.
La reunión se produce tras un naufragio ocurrido el sábado 12 de diciembre en el Caribe venezolano que dejó al menos 33 personas muertas.
El total de venezolanos fallecidos por el naufragio de una embarcación ocurrido hace una semana en Güiria, estado Sucre, cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago se elevó a 33 personas, informó este domingo a Efe una fuente del Ministerio Público (MP), institución que continúa trabajando en las investigaciones del caso.
“Hasta ahora han sido identificados 33 cadáveres”, dijo la fuente a Efe tras ser consultada sobre el caso que es investigado por la Fiscalía como un delito de trata de personas en una ruta marítima que une las costas de Venezuela con Trinidad y Tobago.
Según el fiscal designado por la Constitutente, Tarek William Saab, dicha ruta está “tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas”, y por ello ya han sido detenidas dos personas.
Los venezolanos fallecidos en el naufragio viajaban hacia Trinidad y Tobago para “reencontrarse con sus familias” por Navidad, según la información del gobierno de Nicolás Maduro.
Iban a bordo de un peñero que se usan frecuente para labores de pesca cercanas a la costa venezolana.
El grupo había zarpado del poblado de Güiria, en el estado Sucre, donde se han presentado protestas de sus habitantes pidiendo justicia para los fallecidos, desde que se encontraron los primeros cuerpos entre el sábado y el domingo pasados.
La administración de Nicolás Maduro creó una comisión especial para fortalecer las investigaciones sobre las “mafias que trafican con las necesidades del pueblo humilde” de Güiria y envió “trabajadores sociales” para ayudar a las familias de las víctimas, según declaraciones la ministra de Interior, Carmen Meléndez.
Cuatro civiles y siete militares
Por este caso, las autoridades también están tras la pista de otros cuatro civiles y de siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Estos agentes, según las averiguaciones, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y Tobago, pero para no reportar este hecho ante la Fiscalía le cobraron 4.500 dólares.
Se considera trata de personas a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a engaños, con fines de explotación.
Este hecho viene precedido de otro en el que por lo menos 16 venezolanos fueron expulsados de Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos en aguas caribeñas casi dos días antes de volver a dicho país.
Trinidad no puede lavarse las manos
El portavoz reiteró que la responsabilidad principal del Gobierno en este asunto, es para con sus ciudadanos y Trinidad y Tobago, que tiene una población de 1,3 millones «no puede esperarse que acoja a un número ilimitado de migrantes».
Trinidad y Tobago ha continuado adhiriéndose a su política de no intervención en los asuntos internos de los estados, incluida Venezuela, y esos son algunos de los temas que se espera sean planteados el lunes, agregó a EFE el portavoz.
Trinidad y Tobago deportó a más de 200 venezolanos en noviembre, según Acnur
Desde el naufragio, Trinidad y Tobago ha estado bajo presión por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, entre otras.
La mayoría de los llamamientos han sido para que el Gobierno acoja a los migrantes que llegan a estas costas en busca de refugio.
Rowley anunció recientemente que las leyes sobre la trata de personas se endurecerán en los próximos meses en el país y se tomarán medidas para prevenir la explotación de los migrantes.
El primer ministro también anunció que el Gobierno extenderá hasta julio la amnistía provisional para los 16.523 venezolanos inscritos en este país. Después de volver a registrarse, el gobierno decidirá sobre su estado.
Encerrados en jaulas
El diputado a la legítima Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá, ante los tratos inhumanos contra los refugiados de nuestro país en Trinidad y Tobago y el naufragio del bote que partió de Güiria y que costó la vida de al menos 22 venezolanos, hizo un llamado a la ONU, Acnur y la OEA, entre otros organismos internacionales, “para exigir acciones concretas contra el gobierno trinitario”. El parlamentario fue categórico en sus señalamientos contra el gobierno de la isla, “que viola los derechos humanos de los venezolanos que buscan asilo en ese país”.
Durante la sesión ordinaria del Parlamento Nacional, Alcalá aseguró que no basta con “informes y pronunciamientos” ante la muerte de venezolanos que intentan llegar a la isla caribeña, como señaló una nota informativa de la bancada de la legítima Acción Democrática.
“Hay venezolanos en Trinidad a esta hora que están presos por cometer el único delito de buscar mejores condiciones de vida. No han cometido delito alguno y están en jaulas para perros que no tienen ni siquiera la altura para que una persona esté de pie y nada dice el régimen de Nicolás Maduro y nada dice el gobierno trinitario al respecto”, denunció el parlamentario por el estado Sucre.
15 países caribeños fijarán estrategia sobre refugiados
El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR, en inglés) dijo este sábado a raíz de la afluencia de migrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago que se debe solicitar a los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que ayuden con la crisis.
La CCHR también señaló en un comunicado que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el deber de proteger los derechos humanos según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Deportaciones ilegales
José Antonio Oropeza, abogado y magíster en derechos humanos, señaló en una entrevista concedida a El Diario que las deportaciones realizadas por las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago carecen de los debidos procesos legales.
Afirmó que en el momento en que los migrantes venezolanos son detenidos por el delito migratorio de haber ingresado ilegalmente a la isla, estas personas tienen el derecho de solicitar refugio de acuerdo con la Declaración de Cartagena.
Este instrumento exige garantizar protección a ciudadanos que estén huyendo de su país porque su vida se encuentra en riesgo, además de establecer que migrantes y refugiados no pueden ser retornados a su país de origen.
Oropeza también explicó que estos procedimientos se consideran deportaciones irregulares por no cumplir con el debido proceso en una corte de ese país y se está violando el derecho universal al asilo por razones humanitarias.
Venezuela cuida el voto de Trinidad en la OEA
Venezuela no ha sid contundente en los reclamos con TT, debido a que cuenta con el voto en la Organización de Estados Americanos.
Trinidad y Tobago anunció este viernes que no participará en ninguna votación de la OEA hasta que se reincorpore al representante del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se destituya al delegado del líder opositor Juan Guaidó, quien denunció al Gobierno trinitense por el naufragio que dejó al menos 28 venezolanos muertos.
Fuente: https://www.caraotadigital.net/internacionales/
https://elsiglo.com.ve/, https://eldiario.com/
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