Un juez federal argentino dictó el procesamiento del exjefe del Estado Mayor del Ejército argentino César Gerardo Milani (2013-2015) en una causa en la que se le acusa de haberse enriquecido ilícitamente, informaron hoy fuentes jurídicas.
Además de abrir el proceso penal, el magistrado Daniel Rafecas ordenó un embargo preventivo sobre Milani de 5 millones de pesos (unos 311.000 dólares).
En la misma resolución, de más de 500 páginas y difundida por el Centro de Información Judicial, Rafecas también procesó como partícipe necesario de la maniobra al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, sobre quien ordenó un embargo por 2 millones de pesos argentinos (alrededor de 124.000 dólares).
Barreiro ya se encuentra a la espera de la apertura de un juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) en la Justicia Federal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Con esta decisión, el juez convalida la conclusión de un peritaje oficial que recibió en septiembre pasado y dio por probado que Milani no justificó, al menos en parte, la compra en junio de 2010 de una casa en la localidad bonaerense de San Isidro por un valor declarado en escritura pública de 1,5 millones de pesos (93.200 dólares).
El dictamen judicial destaca que de al menos la mitad de ese monto se desconoce su origen.
En este sentido, Rafecas señala que "para intentar justificar el origen del monto faltante", Milani "habría apelado a fraguar un documento" por el cual Barreiro, amigo y compañero de armas retirado, aparecía efectuándole un préstamo de 200.000 dólares.
Ese mismo documento había sido presentado en su momento por Milani ante la Oficina Anticorrupción "para justificar el faltante y sortear la intimación oficial", explicó.
Sin embargo, tanto los peritos contadores oficiales en su dictamen, como ahora el juez "descartaron tal documento como evidencia", ya que "pese al importante monto implicado", no tenía "fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos", dijo.
Además, la investigación judicial "demostró que el supuesto prestamista carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante" y ni Milani ni Barreiro reflejaron esta cuestión en sus declaraciones juradas impositivas.
El pasado 26 de octubre, Milani acudió a declarar en la causa y aseguró ante el juez que "no ha habido ningún incremento indebido".
"Le hemos dado al juez todas las explicaciones que demuestran que aquí no ha habido ningún incremento indebido", sostuvo Milani ante periodistas a la salida de los juzgados.
Además, aseguró también que siempre ha podido mantener a los suyos gracias a "la posición y la solvencia económica" que su familia posee en la provincia de Córdoba (en el centro del país) y apuntó a que las causas que tiene abiertas son fruto de una "operación mediática y política" orquestada principalmente por un sector del oficialismo actual.
Esta investigación comenzó en julio de 2013, poco después de que Milani fuera designado por la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como jefe del Ejército, en medio de las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos por su rol durante la última dictadura.
Es entonces cuando Rafecas recibió denuncias de miembros de la entonces oposición contra Milani, después de que un programa de televisión pusiera en duda la evolución patrimonial del jefe militar, quien estuvo al frente del Ejército hasta 2015.
Este no es el único expediente que afecta a Milani, ya que también se investiga su presunta participación en la desaparición del soldado Alberto Ledo, en la provincia argentina de Tucumán (noroeste) en 1976, y por el secuestro de dirigentes políticos durante la última dictadura militar.
Además, en agosto la Justicia revocó el archivo de una causa contra el exjefe del Ejército por presunto espionaje ilegal.
Con información de EFE
